Un movimiento de tierra en Moniquirá, Boyacá, destruyó viviendas y obligó a evacuar familias, mientras las autoridades mantienen la atención sobre la inestabilidad del terreno. La emergencia vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan las comunidades rurales durante las temporadas de lluvias.
COLOMBIA. Las intensas lluvias y los movimientos de tierra vuelven a generar preocupación en diferentes comunidades de Colombia. El pasado jueves 22 de octubre, habitantes de la vereda Pajales y sectores cercanos de Moniquirá, en el departamento de Boyacá, enfrentaron una emergencia por remoción en masa que afectó viviendas, comprometió terrenos agrícolas y obligó a evacuar preventivamente a varias familias.
La situación recordó los graves daños ocasionados por los deslizamientos registrados en la vereda Zarandas, en el municipio de Vélez, Santander, a finales de octubre de 2025, cuando el movimiento del terreno afectó viviendas, cultivos y la infraestructura de la Transversal del Carare.
Aunque se trata de emergencias ocurridas en lugares y fechas diferentes, ambas evidencian la vulnerabilidad de algunas comunidades rurales ante la inestabilidad del suelo, especialmente cuando se presentan lluvias intensas o prolongadas.
Pajales: una vivienda fue arrastrada por el movimiento del terreno
La emergencia en Moniquirá se reportó durante la madrugada del 22 de octubre, luego de que habitantes de la zona alertaran sobre movimientos del suelo que amenazaban las viviendas.
Según información publicada por Boyacá 95.6 FM, emisora de la Gobernación de Boyacá, el reporte llegó a los organismos de socorro aproximadamente a las 3:55 a. m., después de que la Policía recibiera la solicitud de ayuda de la comunidad.
La comandante del Cuerpo de Bomberos de Moniquirá, Gloria Wilches, informó que el desplazamiento de tierra alcanzó tal magnitud que una vivienda terminó siendo arrastrada cerca de 100 metros hasta una quebrada.
La situación generó preocupación por la posibilidad de que el material desprendido obstruyera el cauce y provocara un represamiento de agua, lo que podría aumentar el peligro para las personas que viven en las zonas cercanas.
Los equipos de emergencia, con apoyo de la Policía, atendieron la situación y recomendaron evacuar preventivamente a las familias expuestas al riesgo. El reporte inicial de la emisora departamental indicó que no se habían registrado víctimas humanas.
La inestabilidad del terreno continuaba siendo motivo de preocupación, por lo que los organismos de socorro advirtieron sobre la importancia de evitar el ingreso a los sectores comprometidos mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.
La alerta por deslizamientos ya estaba vigente
La emergencia ocurrió después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicara, el 21 de octubre, un pronóstico de amenaza alta por deslizamientos de tierra para Moniquirá, con base en información reportada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
La alerta toma en cuenta factores como las lluvias intensas o prolongadas y las características del terreno, entre ellas la geología, la pendiente, la geomorfología y la cobertura del suelo.
Estos factores pueden favorecer los movimientos en masa y aumentar el peligro para viviendas, caminos rurales, cultivos e infraestructura.
La existencia de una alerta de amenaza no significa que todos los sectores vayan a sufrir un deslizamiento, pero sí representa una advertencia para fortalecer la vigilancia, atender las recomendaciones de las autoridades y actuar oportunamente cuando aparezcan señales de inestabilidad.
En Pajales, la magnitud del movimiento obligó a los organismos de emergencia a priorizar la protección de las familias y la evaluación de las áreas afectadas.
Zarandas: el antecedente que golpeó a Santander en 2025
La situación en Boyacá también recordó la emergencia registrada en la vereda Zarandas, jurisdicción de Vélez, Santander, a finales de octubre de 2025.
En esa ocasión, los deslizamientos ocasionaron graves afectaciones en la Transversal del Carare, un corredor vial importante para la comunicación entre comunidades de la región.
La documentación oficial de Invías relacionada con la emergencia señala que el movimiento en masa afectó un área aproximada de 250 hectáreas en el sector de la Ruta Nacional 6208, entre los puntos de referencia PR 26 y PR 31, en el corredor Landázuri–Barbosa.
El informe también registró pérdida total de la calzada en varios tramos, daños en accesos rurales y afectaciones a los drenajes. La situación llevó a las autoridades municipales a declarar la calamidad pública y establecer medidas de atención, rehabilitación y recuperación.
Los daños no se limitaron a la carretera. Los reportes publicados durante la emergencia indicaron que varias familias perdieron sus viviendas y que otras casas quedaron en riesgo, además de registrarse afectaciones en cultivos y servicios de la zona.
Invías informó posteriormente sobre labores de inspección con especialistas en geología e ingeniería, así como evaluaciones para determinar alternativas que permitieran recuperar la conectividad y reducir los riesgos en el corredor vial.
La magnitud de aquella emergencia dejó en evidencia las consecuencias que puede tener un movimiento de tierra cuando afecta simultáneamente terrenos rurales, viviendas e infraestructura estratégica.
¿Qué está ocurriendo con los terrenos?
Los deslizamientos son fenómenos complejos que pueden producirse por la combinación de diferentes condiciones. Las lluvias intensas o acumuladas pueden saturar el suelo, aumentar su peso y reducir su estabilidad. La pendiente, las características geológicas, el drenaje y las modificaciones del terreno también pueden influir.
Sin embargo, no todas las emergencias tienen la misma causa. En el caso de Pajales, la información inicial relacionó el movimiento con las lluvias de los días anteriores, pero determinar los factores específicos requiere una evaluación técnica del lugar.
Por eso, no es correcto atribuir estos episodios únicamente al cambio climático ni afirmar que todos obedecen a una misma razón sin contar con estudios que lo demuestren.
Lo que sí resulta fundamental es fortalecer los sistemas de prevención, mejorar el manejo de las aguas, identificar las zonas de riesgo y garantizar que las comunidades reciban información clara sobre las medidas que deben adoptar.
La prevención puede marcar la diferencia
Ante el riesgo de deslizamientos, las autoridades recomiendan prestar atención a señales como la aparición de grietas nuevas en el suelo o las paredes, hundimientos, inclinación repentina de árboles o postes, filtraciones inusuales y ruidos provenientes de laderas.
Si se observan estas señales, las personas deben alejarse de la zona comprometida, evitar cruzar terrenos inestables y comunicar la situación a los organismos de emergencia. Cuando exista una orden de evacuación, es fundamental acatarla y no regresar a las viviendas hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.
También es importante evitar acercarse a quebradas que puedan estar obstruidas por material desprendido, ya que una acumulación de agua podría desencadenar una crecida repentina.
En comunidades rurales, donde las vías de acceso pueden dificultar la llegada de los equipos de socorro, la prevención y la comunicación temprana adquieren especial importancia.
Dos emergencias que exigen atención y seguimiento
Los acontecimientos de Zarandas, en Santander, y Pajales, en Boyacá, muestran el impacto que los movimientos de tierra pueden tener sobre las familias, sus viviendas y sus medios de subsistencia.
En Moniquirá, la prioridad inmediata es mantener protegidas a las personas que habitan cerca del área afectada, evaluar la estabilidad del terreno y determinar las medidas necesarias para evitar nuevas consecuencias.
En Santander, la emergencia de 2025 dejó importantes desafíos para la recuperación de la infraestructura y la conectividad de las comunidades afectadas.
Más allá de la preocupación que generan las imágenes de los deslizamientos, estos hechos recuerdan la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre las zonas vulnerables, invertir en prevención y garantizar apoyo oportuno para las familias damnificadas.
La prioridad debe ser siempre proteger la vida. La evaluación técnica, las alertas tempranas y la respuesta coordinada de las autoridades son esenciales para reducir los riesgos y evitar que nuevas emergencias terminen en tragedias.
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