Operación Leviatán: dictan un año de prisión preventiva contra 55 sospechosos de tráfico internacional de drogas

Un juez de la República ordenó un año de prisión preventiva para 55 de las 62 personas detenidas durante la denominada “Operación Leviatán”, desarrollada el pasado 28 de julio por la Policía de Control de Drogas (PCD), en el marco de una investigación contra una organización presuntamente vinculada con el tráfico internacional de cocaína.

De acuerdo con la investigación, la estructura criminal habría utilizado la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, como uno de los principales puntos para el envío de cargamentos de droga hacia mercados internacionales, principalmente Europa y también Estados Unidos.

Entre las personas a quienes se les impuso la medida cautelar figuran presuntos integrantes de la estructura de liderazgo de la organización. Entre ellos se encuentra una mujer de apellido Bell, señalada como hija del extraditado conocido como “Macho Coca”, así como su pareja sentimental, de apellido Casanova, y otro hombre de apellido Méndez.

Además de los 55 sospechosos que permanecerán en prisión preventiva, cinco personas quedaron sujetas a medidas cautelares distintas a la privación de libertad, mientras que otras dos fueron puestas en libertad.

La investigación desarrollada por la PCD representa un importante golpe contra una organización que, según las autoridades, habría utilizado la infraestructura portuaria y las cadenas de exportación del país para facilitar el traslado de cocaína hacia destinos internacionales.

Uno de los principales objetivos de este tipo de operaciones es evitar que los contenedores utilizados para las exportaciones legítimas de Costa Rica sean aprovechados por estructuras criminales para introducir cargamentos de droga en los mercados internacionales.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades avanzan en la recopilación y análisis de evidencia para establecer el nivel de participación y las eventuales responsabilidades penales de cada una de las personas investigadas.

Las personas detenidas mantienen su condición de sospechosas y será el proceso judicial, conforme avance la investigación, el que determine las responsabilidades que correspondan.

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