Ambos centros buscan reforzar el control dentro de las cárceles, pero presentan diferencias en su capacidad, población objetivo y contexto de aplicación.
La inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), en Costa Rica, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las estrategias penitenciarias utilizadas en Centroamérica para combatir las estructuras criminales. El nuevo establecimiento costarricense tiene como referente el modelo aplicado en El Salvador con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), aunque ambos responden a realidades nacionales distintas.
De acuerdo con información oficial de la Presidencia de El Salvador, publicada en julio de 2022, el CECOT fue diseñado para albergar aproximadamente a 40.000 personas privadas de libertad. Por su parte, el CACCO costarricense, inaugurado el 14 de octubre de 2026, tiene capacidad para 5.100 internos, según información divulgada con motivo de su apertura.
Las cifras reflejan una diferencia considerable en la dimensión de ambas infraestructuras: el CECOT cuenta con una capacidad proyectada cercana a ocho veces la del centro costarricense. Sin embargo, la capacidad de una prisión no determina, por sí sola, su efectividad en la reducción de la delincuencia.
CECOT: el modelo salvadoreño contra las pandillas
El Centro de Confinamiento del Terrorismo se encuentra en Tecoluca, en el departamento de San Vicente, El Salvador. Su construcción formó parte de la estrategia del Gobierno de Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas, particularmente en el contexto del régimen de excepción que comenzó en marzo de 2022.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño ha informado que el establecimiento cuenta con ocho módulos y una infraestructura de máxima seguridad. Entre sus características figuran controles de acceso, sistemas de vigilancia, instalaciones para la custodia penitenciaria y espacios destinados a actividades productivas.
Según las autoridades salvadoreñas, el centro está dirigido específicamente a integrantes de las estructuras criminales conocidas como maras o pandillas. El Gobierno ha presentado esta infraestructura como una herramienta para mantener bajo estricta custodia a personas que considera responsables de graves delitos.
Una de las particularidades del régimen anunciado para el CECOT es la restricción de las visitas presenciales. En una publicación oficial del 28 de febrero de 2023, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador señaló que las personas recluidas en ese establecimiento no recibirían visitas, incluidas las de sus abogados, cuyas reuniones se efectuarían mediante videoconferencia.
Estas disposiciones forman parte del régimen particular comunicado por las autoridades salvadoreñas y no deben interpretarse automáticamente como reglas aplicables a todos los centros penitenciarios de ese país.
CACCO: Costa Rica refuerza la contención del crimen organizado
En Costa Rica, el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado se construyó dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Su propósito es fortalecer la capacidad del Estado para controlar a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con organizaciones criminales. La iniciativa se desarrolla en un escenario nacional marcado por la preocupación por el narcotráfico, las disputas entre grupos delictivos y la violencia asociada con estas actividades.
El Ministerio de Justicia y Paz ha comunicado distintas medidas relacionadas con el funcionamiento del CACCO. Entre ellas figura el uso de uniformes diseñados para reducir las posibilidades de ocultar armas, drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. La institución también ha planteado una política de mayor control, disciplina y prevención de actividades criminales desde el interior de las cárceles.
A diferencia del CECOT, cuya estrategia se centra expresamente en miembros de pandillas, el CACCO se orienta al crimen organizado en el contexto costarricense. Esto incluye el objetivo de reforzar el control sobre personas vinculadas con estructuras criminales, sin que ambos grupos de población deban considerarse equivalentes.
La inauguración del centro representa una nueva etapa de la política penitenciaria costarricense. No obstante, su impacto real deberá valorarse a partir de su funcionamiento, los resultados de los controles internos, la prevención de delitos coordinados desde las cárceles y el respeto a las garantías legales de las personas privadas de libertad.
