Este miércoles el Gobierno de Costa Rica reafirmó su compromiso con la seguridad y la privacidad de los ciudadanos en la implementación de la tecnología 5G, a pesar de enfrentar acciones judiciales que buscan detener el avance de esta importante tecnología.
Desde agosto de 2023, el Gobierno ha promovido el decreto ejecutivo N°44196-MSP-MICITT que busca equilibrar los beneficios de la conectividad 5G con las medidas de ciberseguridad necesarias para proteger a empresas y usuarios. Sin embargo, este decreto ha sido objeto de recursos legales por parte de diversas entidades, incluyendo a una empresa fabricante de equipos y al sindicato Frente Interno de Trabajadores del ICE.
Las acciones judiciales interpuestas ante la Sala Constitucional, incluyendo un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad, fueron rechazadas, señalando que: «lo relativo a la tecnología para la red de telecomunicaciones, así como los requisitos y estándares de ciberseguridad en Costa Rica (verbigracia, las normas ISO/IEC, SCS, entre otras), son aspectos técnicos, en principio, propios de políticas públicas de Estado que, salvo que entrañen alguna afectación al núcleo esencial de derechos fundamentales o transgredan manifiestamente el bloque de constitucionalidad, constituyen materia de gobierno»
A pesar de estos reveses judiciales, el Frente Interno de Trabajadores del ICE ha continuado su oposición en el Tribunal Contencioso Administrativo, solicitando medidas cautelares para suspender la aplicación del decreto. (2024-001014-2017-CA)
Mientras que la primera medida cautelar que había sido solicitada fue rechazada, la presentada por los trabajadores del ICE fue admitida provisionalmente, generando una compleja situación legal con la participación de múltiples actores y afectando de manera directa el proceso de Contratación Pública del ICE (SICOP -Nov 2023) para adquisición de bienes y servicios necesarios para la red 5G de dicho operador.
«El procedimiento concursal para que el ICE adquiera la red masiva móvil –que brindará acceso a la tecnología a la mayor cantidad de personas en dispositivos celulares–, se encuentra suspendido por la medida cautelar emitida por un Tribunal de la República a solicitud de una organización laboral del Instituto. Ya son cinco meses de espera, más de 150 días, y no hay una respuesta aún para los costarricenses. Hago un llamado respetuoso al juez que tiene a cargo el caso, para que resuelva de urgencia el fondo de la medida, y podamos ilusionarnos de nuevo con una red 5G que será para todos» indicó Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE.
«El Gobierno de Costa Rica mantiene su posición de que el decreto es fundamental para garantizar la seguridad de los servicios prestados mediante redes móviles 5G y proteger los derechos de los ciudadanos a la privacidad y la confidencialidad de sus datos. Urgimos la resolución final de estos procesos legales que nos permita avanzar en la implementación de esta tecnología clave para el desarrollo del país, señaló Paula Bogantes, ministra de MICITT.»
La jerarca añadió que, pese a los procesos legales, en paralelo se trabaja para que la licitación de las frecuencias para el despliegue de la red 5G se lleve a cabo durante este segundo semestre del 2024.