Evacuación y cierre preventivo de instalaciones de la Defensa Pública de Bataan
· Servicios esenciales se mantienen activos
Con el fin de brindar protección al personal judicial y a las personas usuarias de la Defensa Pública de Bataan en la provincia de Limón, la mañana de este viernes 1° de marzo se activó el Protocolo para la Atención de Disturbios.
En aplicación a dicho protocolo, se procedió a evacuar y cerrar preventivamente las instalaciones de la oficina judicial mencionada, según un acuerdo adoptado en sesión extraordinaria por el Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
La acción inmediata de las autoridades administrativas judiciales responde a una situación que tuvo lugar a eso de las 8:00 a.m., cuando dos personas intentaron ingresar de forma violenta a la Defensa Pública y sustrajeron el arma de la persona de seguridad privada destacada en el sitio. El personal judicial que se encontraba en el lugar alertó sobre lo sucedido y los sujetos huyeron del sitio.
Se confirma que no hubo personas heridas en este hecho.
Pese al cierre y con el fin de afectar lo menos posible la atención a las personas usuarias se mantienen activos los servicios esenciales:
– Atención de denuncias con carácter Urgente.
– Solicitudes de imposición de una medida cautelar.
– Cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas a vencer.
– Atención de solicitudes de medidas de protección.
– Atención y resolución de solicitudes de apremio corporal y de impedimentos de
salida del país.
– Otros servicios esenciales
El director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, indicó que se estará solicitando a la Comisión de Seguridad y la Comisión de Enlace Corte-OIJ se tomen acciones en protección de las personas funcionarias y usuarias de la Defensa Pública y del Poder Judicial en las distintas oficinas.
Tema prioritario
Este jueves, en declaraciones a la prensa, el magistrado coordinador de la Comisión de Seguridad y la Comisión de Enlace Corte-OIJ, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, manifestó que se trabaja en la toma de acciones puntuales para el reforzamiento de la seguridad tanto en la provincia de Limón como en otros circuitos judiciales.
“La seguridad en la infraestructura judicial es una prioridad, para la tranquilidad de las personas usuarias internas y externas y estamos gestionando mejoras en la infraestructura en general, así como la coordinación con otras entidades fuera del Poder Judicial, para materializar acciones y elevar los niveles de seguridad”, puntualizó el magistrado Alfaro Vargas.