La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acreditó la culpabilidad de un subjefe de la Delegación de la Fuerza Pública de Flores, Heredia, por la comisión de tres delitos de peculado de uso, por los que recibió una condena de tres años de prisión. Por el mismo período, no podrá ejercer cargos, empleos o funciones públicas.
El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José concedió Solís Blanco el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de tres años, período en el cual no podrá cometer un nuevo delito.
La fiscalía logró comprobar que el exjefe policial utilizó en tres oportunidades recursos del Ministerio de Seguridad Pública para atender asuntos de carácter personal, como el traslado en una unidad policial a una reunión privada en un hotel ubicado en Santo Domingo de Heredia, ser recogido en su casa, en Alajuela, y desplazarse hasta su vivienda para recoger unos lentes de uso personal.
En su sentencia, el 19 de octubre anterior, el Tribunal consideró que dichas conductas constituyeron un desvío de bienes y servicios públicos respecto de la finalidad para la cual fueron asignados, vulnerando los deberes de probidad, legalidad y la correcta administración de los recursos estatales. Asimismo, el órgano estimó que el acusado se aprovechó de su posición jerárquica para disponer de oficiales subordinados en actividades ajenas al servicio público.
En el ámbito civil, se acreditó la existencia de un daño social, al determinarse que las acciones del condenado afectaron la imagen institucional del ministerio, la confianza de la ciudadanía en la función policial y la credibilidad de la Administración Pública. En consecuencia, declaró con lugar la demanda civil resarcitoria promovida por el Estado y condenó al imputado al pago de ₡3.000.000 por concepto de daño social, ₡600.000 por costas personales, ₡726.000 por honorarios profesionales de la querella, además de los intereses legales correspondientes, para un total de ₡4.326.000.
La fiscalía señaló que la sentencia reafirma que el uso de vehículos oficiales y personal subordinado para fines particulares configura el delito de peculado de uso, aun cuando no exista apropiación definitiva de los bienes públicos, pues basta la utilización indebida de recursos del Estado en beneficio propio.
El caso se tramitó en el expediente 24-000005-1880-PE.
