- Junta Directiva de la CNE acordó este jueves enviar la recomendación al Poder Ejecutivo ante la magnitud de las afectaciones provocadas por las lluvias
Jueves 20 de agosto, 2026. La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) acordó este jueves recomendar al Poder Ejecutivo la declaratoria de emergencia nacional en nueve cantones del país, debido a las afectaciones provocadas por los eventos hidrometeorológicos registrados durante las últimas semanas.
La recomendación contempla los cantones de Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, donde se han registrado inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, afectaciones en vías y accesos, así como comunidades que han quedado incomunicadas por vía terrestre.
La decisión se fundamenta en los informes técnicos de la CNE y en la información meteorológica que evidencia un período prolongado de condiciones inestables y lluvias recurrentes en el Caribe y la Zona Norte. Entre el 20 de julio y el 18 de agosto, se registró el paso sucesivo de ocho ondas tropicales, en combinación con el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y vientos alisios acelerados. Estos factores generaron lluvias fuertes y persistentes y una saturación de los suelos de entre 80 % y 100 %.
El evento de mayor intensidad ocurrió entre el 16 y el 17 de agosto, con acumulados de hasta 360 milímetros en 48 horas en sectores del Caribe Sur y Turrialba. Además, en territorios indígenas de Limón, el incremento de los caudales provocó afectaciones en vías y accesos principales, dejando comunidades totalmente incomunicadas por vía terrestre.
La recomendación fue remitida al Poder Ejecutivo.
¿Qué permite una declaratoria de emergencia?
La declaratoria establece un marco excepcional para atender de manera integral y prioritaria las afectaciones, previstas en la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
Esto permite coordinar y ejecutar las acciones y obras necesarias para atender los daños, proteger la vida y la salud de las personas y recuperar la infraestructura y los servicios afectados, de acuerdo con las necesidades identificadas y el nexo de causalidad con el evento.
Además, las instituciones públicas deben reportar oficialmente los daños para que sean verificados técnicamente por la CNE y puedan incorporarse al Plan General de la Emergencia, que establecerá los proyectos de recuperación y reconstrucción que serán atendidos.
También establece mecanismos para que las instituciones públicas, municipalidades y otros entes puedan coordinar esfuerzos, realizar aportes y brindar colaboración a la CNE, así como aplicar procedimientos de urgencia cuando sean necesarios para atender las necesidades de las personas afectadas y reparar los daños ocasionados.