Un funcionario de la Asamblea Legislativa presentó una solicitud formal ante la presidencia del Congreso para investigar el accionar de una supuesta empleada que, desde el quinto piso del edificio parlamentario, ondeó una bandera de Palestina y se negó a identificarse.
El documento, remitido el 29 de junio a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, detalla que los hechos ocurrieron el pasado jueves 25 de junio. Durante el desarrollo de manifestaciones en las afueras del recinto, una mujer desplegó el símbolo desde una ventana de las oficinas correspondientes a la fracción del partido Frente Amplio.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por el funcionario Rudi Centeno Cascante, cuando un medio de comunicación le solicitó a la mujer su identidad, esta respondió textualmente: «Soy funcionaria de la Asamblea Legislativa pero me abstengo de identificarme».
Cuestionamientos administrativos y de seguridad
En el oficio, el denunciante solicita esclarecer el caso basándose en dos preocupaciones fundamentales para la administración del Congreso:
- Deber de probidad y neutralidad: Se argumenta que, de comprobarse su estatus como empleada pública, la mujer habría vulnerado el principio de transparencia al negarse a brindar su identidad. Asimismo, se señala una posible falta a la reglamentación interna, la cual prohíbe a los funcionarios utilizar las instalaciones y el horario laboral para emitir manifestaciones ideológicas o políticas, obligándolos a mantener una estricta neutralidad.
- Vulneración de controles internos: El documento expone que, en caso de que la involucrada no labore para la institución, el hecho evidenciaría una grave falla de seguridad al permitir el tránsito de personas externas, sin revisión alguna, dentro de las oficinas de los diputados.
Finalmente, la solicitud de investigación advierte su preocupación por el contexto del incidente. El texto señala que el quinto piso pertenece al Frente Amplio, agrupación política a la cual el denunciante vincula con recientes polémicas nacionales respecto a la defensa de una persona investigada por presuntos nexos con organizaciones extremistas.
El funcionario insta a la presidencia legislativa a determinar bajo qué circunstancias y protocolos se permitieron estas acciones dentro del Primer Poder de la República.
