Un oficial de la Fuerza Pública intentó amedrentar a una ciudadana en El Tirol de San Rafael de Heredia cuando la sorprendió grabándolo. Sin embargo, esta acción es ilegal, ya que la Sala Constitucional ha establecido que cualquier persona puede registrar en video a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones en espacios abiertos.
El derecho a grabar a las autoridades está respaldado en la libertad de expresión y en la necesidad de fiscalizar sus actuaciones.
En el voto 2019-001105 del 23 de enero de 2019, la Sala IV resolvió que cualquier ciudadano, sin necesidad de ser periodista, puede filmar el desempeño de la policía en la vía pública. Impedirlo es arbitrario e injustificado, ya que podría constituir la única evidencia de un posible abuso de autoridad.
No obstante, este derecho tiene límites. No se permite un ejercicio abusivo del mismo ni la difusión de imágenes que vulneren la privacidad de individuos. Sin embargo, cuando se trata de funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, la grabación es completamente legal.
Este oficial podría recibir un recurso de amparo al usar su luz para cegar la camara y censurar el ejercicio de libertad de expresión, asi como el intento de inducir al error con señalamientos contrarios a lo que establece la ley.
El intento de desinformar sobre este derecho no solo genera desconfianza en la ciudadanía, sino que también favorece la corrupción y el abuso de autoridad. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar que sus funcionarios actúen dentro del marco legal y no induzcan al error a los ciudadanos.