La Defensoría de los Habitantes hace un llamado ético a las y los funcionarios públicos que aún no devuelven el “Bono Proteger”, un subsidio que pretendía ayudar a las personas que percibieron afectaciones económicas producto de la pandemia.
Las autoridades del gobierno confirmaron un total de 1.309 subsidios que fueron entregados a personas que se desempeñan en alguna institución pública, lo cual representa un monto aproximado de ¢158 millones, pese a que el decreto N°42305-MTSS-MDHIS del 17 de abril del 2020 determinó que los funcionarios públicos no eran candidatos para recibir este beneficio.
El pasado 15 de junio las autoridades dieron un plazo de 30 días para que estas personas devolvieran el dinero, y según un informe emitido, el viernes 05 de agosto, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), sólo 38 funcionarios públicos reintegraron el bono proteger.
Ante el escenario actual, la Defensoría de los Habitantes no sólo hace un llamado al funcionariado a devolver este dinero, sino además pide a las autoridades del IMAS activar los procedimientos legales para que los funcionarios reembolsen el dinero que corresponde.
