• Entre los bienes que generan inconvenientes se encuentran 440 embarcaciones que han estado apiladas por décadas
• Algunos han perdido su valor y solo generan perjuicios operativos, sanitarios y administrativos
No solo ocupan espacios vitales en las unidades policiales, sino que además requieren personal para su custodia y, en algunos casos, constituyen fuentes de contaminación mientras se deterioran con el paso de los años y estorban en las calles aledañas.
Esta es la realidad de miles de bienes que, por disposición judicial, se encuentran en las delegaciones de la Fuerza Pública y estaciones del Servicio Nacional de Guardacostas en distintas regiones del país.
Ante esta situación, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, envió una excitativa a la Fiscalía General de la República, a fin de que gestione las acciones necesarias que permitan atender la saturación y las afectaciones operativas provocadas por la permanencia prolongada de bienes bajo custodia judicial en las unidades policiales.
A pesar de la colaboración continua brindada por el Ministerio de Seguridad para acatar los mandatos judiciales, la permanencia indefinida de estos objetos, muchos de los cuales llevan décadas almacenados en delegaciones e incluso en la vía pública perimetral, están causando serios perjuicios operativos, sanitarios y administrativos.
Uno de los problemas causados es la pérdida de espacio operativo, ya que las dependencias policiales no fueron concebidas, ni acondicionadas como depósitos judiciales, por lo que la acumulación de bienes restringe áreas esenciales para el desarrollo regular del servicio policial y la adecuada atención al público.
De igual modo se están suscitando riesgos de salud ocupacional y salubridad, pues la acumulación indefinida genera condiciones insalubres, materiales en deterioro y riesgos físicos tanto para el personal policial como para los ciudadanos que acuden a las instalaciones en busca de atención.
La custodia de estos artículos excede la competencia primaria de los cuerpos policiales, ya que, al tratarse de bienes ligados a expedientes judiciales, su resguardo, mantenimiento y disposición corresponden a las autoridades judiciales, no al Ministerio de Seguridad Pública.
Campos explicó que la labor primordial de las dependencias policiales es garantizar la seguridad ciudadana, por lo cual el espacio ocupado por todos esos bienes obstaculiza la posibilidad de ampliar el espacio requerido por dichas unidades para fortalecer sus servicios.
Un mes para retirar bienes que afectan la prestación del servicio de seguridad ciudadana
Con el fin de ordenar esta situación para restablecer las condiciones adecuadas de trabajo e higiene en las delegaciones, Campos fijó un plazo de un mes para que el fiscal general gestione el retiro total de dichos bienes bajo custodia judicial.
La medida busca liberar espacios ocupados por estos objetos y permitir que las instalaciones policiales sean destinadas a las funciones para las cuales fueron concebidas, como es garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, no para ser bodegas insalubres de bienes que deben custodiar las autoridades judiciales.
