El Gobierno de la República anunció este viernes que presentará una querella por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional (Sala IV), tras la resolución que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa realiza las designaciones correspondientes.
Durante un pronunciamiento oficial, la presidenta Laura Fernández Delgado calificó la decisión como un «golpe de Estado» contra la Asamblea Legislativa y sostuvo que la resolución constituye una actuación «ilegal e inconstitucional», al considerar que el nombramiento y la permanencia de los magistrados suplentes es una competencia exclusiva del Congreso.
La querella será dirigida contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes votaron a favor de la resolución cuestionada por el Poder Ejecutivo. Según informó la Presidencia, la acción judicial será presentada ante la Secretaría de la Corte Plena.
La controversia surge luego de que la Sala Constitucional resolviera extender temporalmente el nombramiento de los magistrados suplentes y dejara sin efecto la decisión de la Presidencia de la Asamblea Legislativa de devolver la nómina de candidatos propuesta por la Corte Suprema de Justicia. Esta resolución ha generado un nuevo enfrentamiento entre los poderes del Estado y ha abierto un intenso debate sobre el alcance de las competencias constitucionales de la Sala IV y del Congreso.
Hasta el momento, los magistrados señalados no han emitido un pronunciamiento conjunto en respuesta al anuncio del Gobierno, mientras el caso continúa generando reacciones en los ámbitos político y jurídico del país.