- Ministerio Público obtuvo prueba para acreditar que existió un perjuicio económico de $24,000,000.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual concluyó la investigación del caso conocido como «Yanber», y acusó a siete personas como presuntas responsables de afectar a siete entidades bancarias: tres públicas y cuatro privadas.
Los imputados son de apellidos Yankelewitz Berger, Yankelewitz Lev, Barboza Lépiz, Soto Bolaños, Paniagua Moya, Sandí Sandí y García Neira, a quienes se les atribuyó la conducta ilícita de estafa mayor, sancionada con una pena de entre 6 meses a 10 años de prisión.
Ayer, la acusación fue comunicada a todas las partes. Este proceso, regulado en los artículos 299, 303 y 306 del Código Procesal, consiste en notificar, en este caso, a los representantes de los bancos, para que estos decidan si presentan una querella (acusación privada) y una acción civil resarcitoria, con la cual, durante un eventual juicio, podrían cobrar un monto económico por daños y perjuicios causados.
Una vez superada esta fase y de cumplirse con requisitos legales que la ley establece, la Fiscalía presentará la pieza acusatoria ante el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, con solicitud de apertura a juicio.
Seguidamente, el Juzgado analizará la petición en una audiencia preliminar que deberá agendar y, posteriormente, definirá si ordena o no el debate.
Hechos. De acuerdo con la fiscalía, entre el 2011 y el 2015, los altos mandos de la empresa Corporación Yanber S.A. manipularon los estados financieros de la compañía para que estos reflejaran finanzas sanas y capacidad de pago ante diversos bancos y entidades financieras.
De esta manera, el personal de esas empresas públicas y privadas fue inducido a error y, bajo esa falsa creencia, otorgó créditos a Yanber que ascendieron a millones de dólares y a miles de millones de colones.
Con la prueba obtenida, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual logró acreditar, en esta fase del proceso, que la totalidad del perjuicio económico asciende a aproximadamente $24,000,000 (veinticuatro millones de dólares).
Trámite complejo. La investigación del expediente 16-000054-0621-PE fue declarada de trámite complejo. Requirió de la confección de más de 60 informes de la Sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial y 7 pericias de la Sección de Cibercrimen, en las que se analizó información incluida en equipos electrónicos decomisados durante el proceso penal. Asimismo, se analizaron más de 200 tomos de prueba documental y financiera.
Como parte de la evidencia incorporada al caso se ofreció el testimonio de 11 peritos y 61 testigos, discos compactos con información financiera de bancos, discos duros y dispositivos USB con análisis de información contenida en computadoras y artículos electrónicos decomisados durante la investigación.
Los siete acusados cumplen con una medida cautelar que les prohíbe acercarse a testigos, por resolución del Juzgado Penal, la cual está vigente hasta que se realice la audiencia preliminar (donde se discutirá el auto de apertura a juicio).
La Fiscalía informó que, junto con la solicitud de debate, también se pedirá el sobreseimiento definitivo en favor de dos imputados: Brenes Chaves y Ugarte Brenes. El mismo tipo de resolución se requerirá en favor de esas dos personas y de las siete de apellidos Yankelewitz, Barboza, Soto, Paniagua, Sandí y García, por hechos que no pudieron ser acusados, debido a falta de prueba y desinterés de las entidades financieras, que decidieron no apersonarse al proceso.