Las autoridades costarricenses han emitido un alarmante informe sobre el aumento significativo de homicidios en los últimos años, con cifras que muestran un claro deterioro en la seguridad ciudadana. En el 2022, se registraron 654 casos, y lamentablemente, el 2023 cerró con un sombrío total de 907 homicidios preliminares, indicando que algunos aún se encuentran bajo investigación y que estas cifras podrían aumentar.
Es particularmente inquietante observar que, mientras entre 2015 y 2021 la tasa de homicidios se mantenía relativamente estable entre 500 y 600, se ha producido un marcado aumento en los últimos meses del año recién pasado. San José encabeza la lista con 220 homicidios, seguido de cerca por la provincia de Limón, con 214, mientras que Guanacaste cierra con 101 casos, subrayando la gravedad de la situación a nivel nacional.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha señalado la urgencia de implementar medidas preventivas efectivas, destacando la importancia de que las personas contratadas en cargos públicos no estén vinculadas al narcotráfico, ni por lazos familiares ni amistades. Asimismo, resalta la necesidad crítica de ampliar la capacidad carcelaria, ya que se anticipa un aumento en la detención preventiva, generando un preocupante hacinamiento que, lamentablemente, ha llevado a la emisión de órdenes sanitarias liberando a personas bajo investigación.
Además de estas medidas, el OIJ aboga por reformas legales que modifiquen las actuales disposiciones de prisión preventiva, reconociendo la necesidad de ajustar la legislación para abordar situaciones específicas en las que se utiliza a la policía para cometer delitos o se emplea indumentaria policial para llevar a cabo actividades delictivas.
Ante este escenario, surge la imperiosa necesidad de un enfoque integral que incluya tanto medidas preventivas como reformas legales, a fin de revertir esta preocupante tendencia y garantizar la seguridad de la población costarricense.