La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede Cartago, dirige un operativo en las instalaciones de la Municipalidad de Paraíso, así como en dos oficinas privadas ubicadas en la provincia.
Lo anterior, como parte de una investigación que tramita el despacho, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y facilitación culposa de sustracciones.
Como parte de las diligencias de allanamiento, la Fiscalía ordenó detener a un hombre de apellidos Rodríguez Bonilla, asesor legal municipal. Esta persona se encuentra a las órdenes del Ministerio Público, donde se le tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, se valorará la respectiva solicitud de medidas cautelares.
De igual manera, dentro de la causa figura como investigado el alcalde Ramírez Sánchez, por su función como administrador general y jefe de la Municipalidad, el cual, señaló la Fiscalía, debe velar por el cumplimiento de la Ley; también se investiga a dos abogados privados apellidados Quirós Brenes y Rodríguez Alvarado.
Hechos en investigación. De acuerdo con la Fiscalía, entre el 2020 y el 2021, un grupo de personas funcionarias y exfuncionarias de la Municipalidad de Paraíso presentó demandas laborales ante el Juzgado de Trabajo, en contra del ayuntamiento, por supuestos cobros de derechos labores, que, al parecer, les habían sido violentados.
En apariencia, en condición de demandada, la Municipalidad recibió 18 notificaciones judiciales, las cuales fueron remitidas a Rodríguez Bonilla, por lo que debía proceder a contestar dichos documentos.
De acuerdo con la prueba recabada hasta ahora, se sospecha que esa última persona y los investigados Rodríguez Alvarado y Quirós Brenes idearon un plan, para que el asesor no realizara las contestaciones en el tiempo establecido.
Por esa razón, se presume que la Administración Municipal no logró defenderse de las demandas. En ese sentido, se dictó una sentencia por parte de los jueces laborales, según lo establece el artículo 506 del Código Laboral, causando a la municipalidad un perjuicio económico de ₡176.228.884, pagado en cumplimiento a la sentencia judicial.
La investigación se mantiene activa dentro de la causa 22-003051-0345-PE.