El Estado costarricense aún está muy lejos de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones de la sociedad civil y las entidades de control para su exigencia, se requiere de voluntad y acciones determinantes para derribar diversas barreras que enfrenta esta población a todo nivel.
Debemos recordar que la promulgación de la Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades Para las Personas con Discapacidad, se constituyó en uno de los hitos más importantes en la historia de Costa Rica puesto que representó un cambio en la forma de percibir la discapacidad, ya que fue el primer cuerpo normativo que abordó la discapacidad desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
Es por ese motivo que el 29 de mayo, fecha de promulgación de esta ley, se designó como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad.
Esta designación tiene el propósito de crear un espacio de reflexión sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Analizar cuánto se ha avanzado y cuáles son los pendientes.
En ese sentido, la Defensoría de los Habitantes puede hacer un aporte relevante con el estudio de las denuncias que ha recibido acerca de las violaciones de los derechos de las y los miembros de este segmento de la Sociedad Costarricense.
En el año 2021, ante la Defensoría de los Habitantes se presentaron 321 denuncias por violación de derechos por motivo de discapacidad.
El derecho que más suscitó presentación de denuncias fue el de la Seguridad Social con un total de 178, lo que equivale a 55%. La mayoría de esas denuncias se refieren a solicitudes de pensiones del Régimen No Contributivo.
Estas pensiones son subsidios que se otorgan a personas con discapacidad, entre otras, que se
encuentran en situación de pobreza. Lo anterior evidencia la relación entre pobreza y discapacidad.
El segundo motivo que provocó más presentación de denuncias por motivo de discapacidad fue la violación del derecho a la Protección Especial con 57 que corresponde a un 13%. Seguido del derecho a la Educación con 43 (13%).
El acceso a la educación es un derecho muy importante porque es un factor de movilidad social que favorece el bienestar de las personas.
Las mujeres presentaron más denuncias por violación de derechos en razón de la discapacidad que los hombres.
Una posible explicación es que en una sociedad patriarcal como la costarricense, que asigna a las mujeres el cuido de niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad, una de las tareas
que se desprende de esta actividad, es la defensa de los derechos de esas poblaciones. De ahí que es importante replantear el tema del cuido, incluso mediante formas más dignificante tanto para quien cuida como para quién es cuidado.
San José fue la provincia cuyos habitantes interpusieron más denuncias con 93. Posteriormente le siguió Alajuela con 72 (22%), Puntarenas con 59 (18%), Guanacaste con 40 (13%), Limón con 19 (7%), Heredia y Cartago con 12 (3%) y en 14 (5%) se omitió indicar la provincia de quien presentó la denuncia.
En cuanto a la distribución de las denuncias por grupo etario, las personas con discapacidad que se encuentran entre 45 y 54 años fueron las que más interpusieron denuncias con 36 (11%). De seguido se ubica los grupos etarios de 55 a 64 con 35 (10%), de 35 a 34 con 33 (10%), de 25 a 34 con 14 (4%) 7 64
y más 4 (1%).
Esto demuestra la relación entre discapacidad y proceso de envejecimiento.
La información expuesta evidencia que nuestro país aún se encuentra lejos de garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Se
requiere de un esfuerzo mayor del Estado, las instituciones públicas y en general, de la sociedad para alcanzar esa meta. La Defensoría de los Habitantes hace un llamado a la nueva Administración a fin de que introduzca el tema de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad dentro de su agenda.
Recientemente, las organizaciones de personas con discapacidad libraron una lucha para ser oídas dentro del procedimiento legislativo que procuraba reformar integralmente la Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades Para las Personas con Discapacidad.
De nuevo la Defensoría de los Habitantes reitera la importancia de que cuando se promulgue una ley sobre discapacidad se consulte de forma previa a las organizaciones que representan a este segmento de la población.
La Defensoría de los Habitantes reafirma su compromiso de continuar luchando por los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión dentro de la sociedad costarricense.