Los flujos migratorios que suele registrar el país implican desafíos de distinta naturaleza, tanto para las autoridades como para las propias personas migrantes, quienes, en algunas ocasiones, han recurrido a documentación falsa o adulterada en su afán por cumplir requisitos o realizar trámites, lo cual puede configurar un delito.
En la última edición del programa Frecuencia MP, el fiscal adjunto a.i. de Heredia, Óscar Serrano Pujol, analizó el tema y reveló que, además, existen personas que se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de quienes ingresan al país, para venderles documentos falsos y engañarles.
Presentar documentación de este tipo, dijo el experto, puede configurar el delito de uso de documento falso, para el que se establecen penas de uno a seis años de prisión, mientras que, apuntó, la acción de falsificar se puede calificar bajo la figura de falsificación de documentos públicos o auténticos, sancionada con las mismas penas.
El fiscal agregó que, si esta conducta la comete una persona funcionaria pública, la calificación penal se agravaría, con una sanción que podría ir desde los dos hasta ocho años de prisión.
Serrano indicó que, de acuerdo con la información recabada y el trabajo que realizan con la Dirección General de Migración y Extranjería, «se han presentado adulteraciones y falsificaciones de los comprobantes de las citas que se otorga a las personas extranjeras para solicitar refugio, en los permisos de trabajo, o cuando se expide algún documento como una cédula de residencia».
El Fiscal Adjunto recomendó recurrir siempre a la vía oficial para realizar los trámites migratorios, los cuales son gratuitos, y evitar caer en la conducta de pagar a grupos criminales que falsifican los documentos, ya que las consecuencias pueden ir más allá de lo administrativo y llegar hasta enfrentar una causa penal.