Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en lo que va de 2022, hasta julio, han entrado a ese país 48,430 personas por la peligrosa ruta migratoria de la Selva de Darién. Sábado 10 de setiembre de 2022.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, en compañía de sus homólogos miembros del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos (CCPDH), junto a la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), realizó una gira a la comunidad de acogida Canaán Membrillo; y a la estación de recepción de personas migrantes de San Vicente en la provincia de Darién, Panamá.
Esta es la segunda ocasión que la jerarca de la Defensoría realiza una visita a la zona, a fin de conocer las condiciones de las personas migrantes que llegan a territorio panameño, y que se dirigen hacia Estados Unidos, pasando por Costa Rica.
En Canaán Membrillo, la delegación fue recibida por indígenas de la comarca, quienes expusieron las necesidades de la comunidad ante el flujo de personas migrantes. Los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, indican que en lo que va de 2022, hasta julio, han entrado al país 48,430 personas por la peligrosa ruta migratoria de la Selva de Darién.
De ellos, 7283, o el 15%, son niños y adolescentes. Las cifras desagregadas marcan que el 58% de los migrantes son venezolanos, el 7,9% haitianos y el 5,2% cubanos, aunque hay personas provenientes de 50 países.
En la inspección realizada en Darién, las y los Defensores de Derechos Humanos de Centroamérica constataron las condiciones de salud que presentan muchas de las personas migrantes; así como la violencia a la que están expuestas en su tránsito; razón por la cual hicieron un llamado a la protección especial de mujeres y personas menores de edad.
Seguimiento a personas migrantes venezolanas en tránsito por Costa Rica En nuestro país, la Defensoría de los Habitantes ha venido dando seguimiento a la situación en que se encuentran las personas migrantes venezolanas en tránsito, en especial la condición de salud de las personas menores de edad, y que pernoctan en calles de la ciudad de San José.
Este ente defensor pidió a la Dirección General de Migración y Extranjería que detalle las acciones de coordinación establecidas con otras instituciones del Estado, además de informar si se cuenta con un dato estadístico de la cantidad de personas venezolanas que han llegado a nuestro país como parte de este flujo migratorio irregular.
Por otra parte, la Defensoría solicitó a la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), un informe sobre la planificación que está realizando la entidad para la atención de las personas menores de edad que conforman estas familias migrantes venezolanas en tránsito.