Mientras el Poder Judicial enfrenta un escenario de ajustes presupuestarios y ha advertido públicamente sobre los efectos que los recortes pueden generar en distintas áreas de su funcionamiento, la institución tramita una contratación por ₡8 millones destinada a desarrollar una campaña de comunicación en plataformas digitales.
La contratación, identificada con el número 2026LD-000362-0001300001 y denominada “Contratación de una empresa de comunicación para ejecutar la difusión de una campaña en plataformas”, fue publicada el 21 de septiembre y actualmente figura en recepción de ofertas.
De acuerdo con el registro de la contratación, el monto estimado es de ₡8.000.000 y el servicio contempla la difusión de una campaña mediante plataformas digitales.
La campaña está prevista para desarrollarse durante el mes de noviembre y busca ampliar la exposición de contenidos relacionados con la labor del Poder Judicial en espacios digitales como Facebook, Google, YouTube y TikTok.
Entre los objetivos planteados se encuentran generar alcance, interacciones, reacciones y comparticiones de los contenidos institucionales, así como aumentar la visibilidad de las acciones que desarrolla la institución.
Contraste con el escenario presupuestario
La contratación surge en momentos en que el Poder Judicial ha mantenido una discusión pública sobre las restricciones presupuestarias y los recursos disponibles para el funcionamiento institucional.
En mayo de este año, el Consejo Superior aprobó un proyecto de presupuesto para 2027 por ₡530.183,17 millones, ajustado a los límites establecidos por el Ministerio de Hacienda. La propia institución señaló que el monto representaba una reducción de ₡11.342,51 millones respecto al presupuesto de 2026 y que contemplaba únicamente los requerimientos mínimos indispensables para operar.
Posteriormente, el Poder Judicial también informó sobre recortes y ajustes relacionados con el presupuesto en ejecución de 2026. En agosto, la institución señaló que el Ministerio de Hacienda planteaba una rebaja de ₡23.722 millones y advirtió sobre posibles efectos en áreas vinculadas con la persecución penal, la lucha contra la delincuencia y el acceso a la justicia.
En ese contexto, la contratación de una empresa para ejecutar una campaña de difusión institucional por ₡8 millones coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre la distribución y priorización de los recursos públicos.
El procedimiento, sin embargo, se encuentra todavía en etapa de recepción de ofertas, por lo que la publicación de la licitación no significa que el monto ya haya sido pagado ni que exista una empresa adjudicataria.
La contratación forma parte de los procedimientos que actualmente aparecen registrados para el Poder Judicial en el sistema de compras públicas, donde también figuran adquisiciones y servicios destinados a diferentes áreas de la institución.
