Oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica decomisaron 960 litros de gasolina que se encontraban almacenados de forma irregular en una propiedad ubicada en Tiricias de Pocosol, muy cerca del Río San Juan, en la zona norte del país.
El operativo fue realizado por personal del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) destacado en Crucitas, durante un patrullaje preventivo efectuado el viernes como parte de las acciones para combatir actividades ilegales en la zona fronteriza.
Combustible almacenado sin condiciones de seguridad
Al llegar al lugar, los oficiales ubicaron el combustible dentro de un galerón de madera, el cual no contaba con las condiciones mínimas de seguridad ni sistemas de contención ante posibles derrames.
En el sitio se encontraron:
- Cuatro estañones con capacidad de 200 litros cada uno
- Dos recipientes plásticos con capacidad de 80 litros cada uno
La persona que se identificó como propietaria del combustible no contaba con los permisos obligatorios emitidos por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) ni por el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE) para el almacenamiento de hidrocarburos en esas cantidades.
Riesgo para la comunidad
Las autoridades señalaron que el sitio representaba un riesgo significativo para la población, ya que el depósito clandestino se encontraba a unos 10 metros de la vía pública, a 40 metros de un restaurante y colindante con viviendas donde habitan adultos y menores de edad.
Debido a la falta de medidas de seguridad, el lugar fue considerado un foco de alto riesgo, por lo que se procedió con el decomiso administrativo del combustible.
El producto incautado será puesto en conocimiento de RECOPE para su manejo técnico y custodia, según indicaron las autoridades.
Acciones contra la minería ilegal
De acuerdo con la Fuerza Pública, se presume que el combustible podría estar destinado a la operación de maquinaria utilizada en actividades de minería ilegal en esa región fronteriza.
Este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos permanentes de control y vigilancia en la zona, en cumplimiento de disposiciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica y la Sala Constitucional de Costa Rica, orientadas a prevenir delitos ambientales y actividades ilegales asociadas a la minería en el norte del país.
