El pasado 8 de octubre, nuestro medio publicó una nota relacionada con la situación de molestia en el Liceo de Poás. En atención al principio de equilibrio informativo y al derecho de respuesta, damos espacio a la versión del Dr. Rodolfo Enrique Sibaja Solís, quien hasta esa fecha se desempeñaba como director del Liceo de Poás.
A continuación, compartimos de manera íntegra el comunicado emitido por el exdirector, en el cual brinda su rendición de cuentas y aclara diversos aspectos sobre su gestión y los acontecimientos recientes en dicha institución.
🟦 COMUNICADO A LA COMUNIDAD DE POÁS
Derecho de respuesta y rendición de cuentas
Por: Dr. Rodolfo Enrique Sibaja Solís, exdirector del Liceo de Poás
A la estimada comunidad educativa y vecinal de Poás:
Reciban un cordial saludo. Me dirijo a ustedes en mi calidad de exdirector del Liceo de Poás, en ejercicio de mi derecho de respuesta ante la información incorrecta que se ha difundido en diversos medios de comunicación desde el pasado 2 de octubre, la cual ha afectado mi imagen personal y profesional.
Mi gestión como director inició el 1 de agosto de 2024, tras una administración continua de veinte años por parte de la anterior directora. Este cambio generó resistencia a las transformaciones necesarias para lograr un clima organizacional más inclusivo y solidario, objetivo central de mi administración.
Me encontré con un personal dividido: por un lado, quienes ejercen gran influencia en la institución, y por otro, quienes no son tomados en cuenta, lo que afecta negativamente la dinámica institucional.
Esta división propició prácticas administrativas poco saludables, como procesos de compras y contrataciones que no eran eficaces ni eficientes, con costos exagerados que no se ajustaban a los principios de transparencia y legalidad. Esta situación se evidenció tanto en la Junta de Educación como en la Cooperativa Estudiantil y en el profesional contratado para llevar la contabilidad, quien además gestionaba los asuntos de ambas entidades.
Ante esto, cumplí con mi deber como director y presenté las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
Como era de esperarse, estas acciones provocaron una reacción adversa por parte de la anterior Junta de Educación, la tesorera contadora, el personal de la Cooperativa y algunos funcionarios empoderados por la administración anterior, quienes iniciaron una campaña de desprestigio en mi contra.
Se incluyeron falsedades en las actas de la Junta, se obstaculizaron procesos de compra mediante requisitos innecesarios, posponiendo puntos de agenda urgentes, y se organizaron reuniones —una de ellas en el Salón de Actos de la Municipalidad de Poás— para difundir información falsa sobre mi gestión.
Además, se ejerció presión ante la Dirección Regional y la Supervisión para solicitar mi destitución, sin éxito, ya que mi gestión fue transparente y no se demostró ningún ilícito. Ante esta situación, solicité formalmente la destitución de la Junta de Educación, pero no recibí apoyo ni de la Municipalidad de Poás ni de las autoridades del MEP.
En cambio, la Supervisión del Circuito 07 incrementó aún más el envío de oficios, traslados de cargos y amonestaciones por situaciones heredadas de la administración anterior, muchas de las cuales podían resolverse mediante el diálogo.
Desde finales del año pasado y durante los primeros meses del presente año, la Supervisión adoptó una postura intransigente, caracterizada por la falta de apertura al diálogo y la constante emisión de oficios ante cualquier situación, los cuales debía responder en plazos muy reducidos. Esta dinámica se intensificó tras mi solicitud formal de destitución de la anterior Junta de Educación, generando un ambiente de presión que dificultó significativamente el desarrollo de mi gestión y provocó altos niveles de estrés.
Este comportamiento se convirtió en una forma de acoso laboral (mobbing), por lo que presenté las denuncias correspondientes ante el Departamento Disciplinario del MEP.
A pesar de la presión que la Supervisión, la Junta de Educación y algunos docentes ejercían en mi contra, la Junta de Educación anterior no esperó más y decidió renunciar en junio de 2025, dejando sin aprobar pagos esenciales como becas de transporte, salarios de cocineras y guardas, y compromisos con proveedores.
Mi administración inició de inmediato el proceso de elección de una nueva Junta y solicitó autorización al Departamento de Juntas de la Dirección Regional de Alajuela para realizar compras de emergencia, la cual fue denegada. Esto generó una situación crítica, por lo que en varias ocasiones doné insumos y materiales de forma personal para garantizar la continuidad del servicio educativo.
En agosto de 2025 se nombró la nueva Junta de Educación. Sin embargo, lejos de apoyarme, tomó una postura similar a la anterior. En sus primeras reuniones se negaron a aprobar pagos y compras esenciales, alegando falta de autorización bancaria y de Hacienda.
Una vez obtenida dicha autorización, solo aprobaron el pago de salarios, posponiendo temas urgentes como:
- Becas de transporte.
- Insumos esenciales (como útiles de limpieza).
- Compromisos de pago de la anterior Junta con proveedores.
- Aprobación del punto para autorizar el acabado de la loza de la cancha techada.
A pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados, las aprobaciones se siguieron postergando por razones administrativas injustificadas.
Ante la falta de avances, solicité la intervención de la Dirección Regional y del Departamento de Transporte Estudiantil del MEP. Esto provocó una actitud hostil de la Junta hacia mi persona, limitando mi participación en las reuniones y difundiendo falsedades sobre mi comportamiento.
La Dirección Regional tampoco brindó el acompañamiento esperado, apoyando unilateralmente a la Junta sin investigar objetivamente mis argumentos, por lo cual también elevé esta situación a autoridades superiores del MEP y del Gobierno de la República.
Esta situación culminó en una manifestación estudiantil el 2 de octubre, desarrollada en un contexto institucional complejo, en el que diversos indicios y testimonios apuntan a la influencia de un grupo de docentes que, empoderados desde la administración anterior, mostraron resistencia a los procesos de transformación orientados a fortalecer la equidad, la inclusión y la participación.
Posteriormente, se oficializó el nombramiento de un nuevo director en propiedad, lo que implicó el retorno a mi plaza actual. No obstante, hasta la fecha no se ha realizado una investigación objetiva que permita esclarecer los factores que originaron dicha manifestación.
Respecto a las afirmaciones falsas difundidas desde el 2 de octubre:
• Presupuesto del Plan Nacional: No se han perdido ₡400 millones. El presupuesto para la construcción de un nuevo pabellón es de aproximadamente ₡200 millones y el proyecto está actualmente en ejecución.
• Infraestructura del colegio: Las necesidades de mobiliario y mantenimiento provienen de la administración anterior. Fueron incluidas en la reprogramación del PAT 2025 y del PAT 2026, y dependen del proceso licitatorio por parte de la Junta de Educación.
• Cambio de personal en Bachillerato Internacional: Falso. Se promovió un concurso interno para elegir coordinador conforme al debido proceso, sin excluir a la actual coordinadora ni buscar destituir personal.
• Renuncias de profesores de alemán: No son responsabilidad de esta administración; obedecen a condiciones salariales y requisitos establecidos por el MEP.
• Fondos para la cancha techada: No están congelados por mi gestión. La Junta no ha aprobado el punto para finalizar la aplicación del relleno de juntas de la loza con material o resina epoxi.
• Escasez de productos de limpieza: No se debe a mala administración, sino a la obstaculización de las gestiones por parte de ambas Juntas de Educación.
• Escasez de productos en la soda de la Cooperativa: La soda se encontraba en proceso de reorganización liderado por la nueva gerente, quien había asumido funciones recientemente. Como parte de esta reorganización, se realizaron cambios de proveedores con el objetivo de mejorar la calidad de los productos y obtener precios más competitivos. La escasez de ciertos insumos fue temporal y se limitó a algunos días, pero fue exagerada y utilizada como parte de la presión ejercida en mi contra, presentándola de forma desproporcionada ante la comunidad.
Como se evidencia en este comunicado, todas las acusaciones contra mi gestión han sido parte de una campaña de presión y desprestigio por parte de ciertos docentes, estudiantes, miembros de la Junta de Educación y autoridades regionales, que lamentablemente culminaron en mi cese el pasado 8 de octubre de 2025.
Este comunicado se emite en ejercicio del derecho de respuesta consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, con el único fin de aclarar hechos y proteger mi imagen personal y profesional.
No pretende ofender ni acusar a ninguna persona o institución sin fundamento.
