Ante los lamentables hechos de violencia contra mujeres vinculados a sus parejas sentimentales, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado al respeto por las víctimas y sus familiares. Este tipo de violencia debe ser objeto de discusión y condena pública, como rechazo a conductas que perpetúan patrones machistas donde la mujer es vista como una posesión del agresor, quien cree tener control sobre su vida o incluso su muerte.
En 2024, 82 mujeres murieron de forma violenta en el país. De estos casos, 26 ya han sido clasificados como femicidios y otros 40 están en proceso de clasificación. Estos crímenes, motivados por la condición de género de las víctimas, fueron cometidos por sus esposos o compañeros sentimentales. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2023 ocurrieron 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región.
Estos actos demuestran que, por el simple hecho de ser mujeres, muchas son consideradas propiedad de sus parejas. Ante conflictos en sus relaciones, algunos hombres se atribuyen el derecho de disponer de la vida de sus compañeras, llegando incluso a asesinarlas frente a sus propios hijos. Ignorar o minimizar este problema solo refuerza un modelo patriarcal profundamente arraigado en nuestra sociedad.
Aunque Costa Rica cuenta con un marco legal robusto para abordar y prevenir la violencia de género, la prevención aún resulta insuficiente. Esta tarea no recae únicamente en el Estado, sino también en la sociedad en su conjunto.
El problema tiene raíces culturales. Una sociedad que normaliza la violencia en diferentes formas y ámbitos genera un ambiente propicio para someter a los grupos más vulnerables, entre ellos, históricamente, las mujeres.
El femicidio es la manifestación más extrema de violencia contra las mujeres. Sin embargo, antes de llegar a este punto, las mujeres suelen ser víctimas de maltrato verbal, discriminación, misoginia, agresiones físicas, violencia sexual, económica y laboral, acoso, y menosprecio. Estas formas de violencia, todas basadas en el género, deben ser visibilizadas, abordadas y sancionadas.
La educación en el hogar, en las comunidades y en los centros educativos es clave para revertir estos patrones. Sin embargo, lamentablemente, este factor de protección se ha debilitado, como lo reflejan las decisiones gubernamentales recientes y las constantes noticias de muertes violentas que escuchamos a diario.
La violencia también se refuerza con comentarios que menosprecian a las víctimas y a sus familias, independientemente de las circunstancias. Aspectos como la edad, nivel educativo o situación económica de las mujeres no justifican bajo ninguna circunstancia que se les quite la vida.
La reacción social ante estos hechos debe ir más allá de la empatía y el respeto. Es necesario adoptar una postura clara en contra de la violencia hacia las mujeres. Quienes tienen acceso a canales de comunicación deben denunciar, rechazar y reprochar la violencia hacia las mujeres, señalando al perpetrador como único responsable. Culpar a las víctimas o a sus familias solo perpetúa una realidad que ya no debe ser tolerada.