La Defensoría de los Habitantes ha manifestado su oposición al Proyecto de Decreto Ejecutivo para la «Reforma Parcial al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones», que propone ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito. Esta reforma adiciona un transitorio al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET.
Antes de exponer sus argumentos de fondo, la Defensoría destacó en su informe que es injustificable que el Gobierno de la República no haya adoptado con suficiente antelación las medidas necesarias para disponer de los estudios técnicos y los requisitos necesarios para realizar los procedimientos correspondientes tanto para la ampliación como para la elaboración de los carteles de los concursos para la adjudicación de las concesiones, antes de su vencimiento en junio del presente año.
En cuanto al fondo, la Defensoría argumenta que el reglamento vigente ya establece un procedimiento para ampliar las concesiones por un plazo que no supere el máximo de ley de 25 años. Esto otorga el derecho a los concesionarios que hayan solicitado dicha prórroga conforme al artículo 33 del Reglamento. Por lo tanto, cualquier solicitud de prórroga debe ser atendida mediante resolución motivada.
Además, se señala que la Administración no ha definido criterios técnicos ni legales que justifiquen el plazo de un año para la ampliación, lo que podría perjudicar el derecho de los concesionarios que hayan solicitado la prórroga en tiempo y forma.
La Defensoría de los Habitantes también considera que la discusión sobre el uso de las frecuencias de radio y televisión ha sido limitada, enfocándose solo en temas de prórroga, actos preparatorios de concesión y el canon. No se ha tomado en cuenta, como han señalado la Contraloría General de la República y la SUTEL, que el país carece de un marco regulatorio integral en esta materia.
Se hace un llamado urgente a las autoridades del Gobierno para que, en conjunto con los actores interesados, se aproveche el tiempo restante antes del vencimiento de las concesiones para desarrollar una nueva ley que regule el uso de las frecuencias de radio y televisión con criterios actualizados, técnicos y legales.
Continuar con la ampliación por un año y limitar la discusión a concesiones y cánones significaría perder la oportunidad de tomar decisiones con visión de futuro, perpetuando un marco regulatorio obsoleto durante otros 25 años en un campo tecnológico que cambia rápidamente.
Es esencial para el país establecer un plazo razonable para que, mediante un proceso democrático y participativo, se adopte una nueva ley que garantice derechos humanos fundamentales, incorpore criterios técnicos y legales modernos, y permita anticiparse a los cambios tecnológicos.
La Defensoría subraya la importancia de que esta nueva ley incluya principios de Derechos Humanos, como el derecho a la comunicación, el espectro radioeléctrico como un recurso colectivo, la radiodifusión como una actividad de interés público, la pluralidad de medios y voces, la diversidad social y cultural, la equidad territorial, el fortalecimiento de los medios públicos y la participación ciudadana.
Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes, afirmó que contar con una ley moderna y con visión de futuro en materia de radio y televisión «dispersará los nublados del día», proporcionando los criterios técnicos y legales necesarios para construir una política pública robusta y un nuevo Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que sentarán las bases para los próximos 25 años.