Diversas organizaciones sociales se congregaron el miércoles en San José y Limón, para poner de manifiesto la ausencia del Estado Social de Derecho en lo que respecta a la seguridad ciudadana y la administración de justicia. Se ha observado a lo largo de los años un favorecimiento hacia la corrupción, el narcotráfico y la actividad del crimen organizado.
Esta carencia se hace evidente en la ausencia de consecuencias legales para casos notorios, algunos de los cuales incluso han prescrito, y otros parecen encaminarse en la misma dirección.
Casos de Corrupción:
Se incluyen casos como el Puente de la Platina, Caso Upad, Caso Cemento Chino, Caso Cochinilla, Asteca y Diamante, Banco Anglo y Crédito Agrícola de Cartago. En el 2015, se registraron 146 casos de presunta corrupción de alto impacto para el país. Para el 2019, este número aumentó a 740. Estos datos se desprenden del informe anual del Ministerio Público y forman parte de las estadísticas de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Fuente
Además, se han repetido las advertencias sobre la amenaza de la pérdida de instituciones del estado encargadas de garantizar los derechos humanos, como el AyA para el acceso al agua, la CCSS para la atención médica, el ICE para el acceso a la energía y la tecnología, y el MEP para la educación, entre otros.
Sin embargo, los políticos han sustituido la palabra «privatización» por «tercerización», invirtiendo grandes sumas para señalar supuestos privilegios de los trabajadores públicos (que nunca se invirtieron en cabildeo político). Al mismo tiempo, se observa una evasión y elusión fiscal por parte de quienes financian estas campañas, lo que contribuye a las crisis sociales.
Conflictos de Interés:
Los acuerdos entre empresas privadas y universidades, así como entre empresas privadas y entidades gubernamentales, pueden llevar a un favorecimiento de ciertas marcas o empresas, lo que debería considerarse como actos de corrupción. Sin embargo, se ha movido el límite de tolerancia social ante estos actos, que aunque conocidos como inmorales, se intentan legalizar, mientras los contrapesos sociales permanecen en silencio. Este conflicto de intereses abre puertas al narcotráfico y a la mafia organizada para infiltrarse en las instituciones públicas.
Evasión y Elusión Fiscal:
La afectación de la economía a salarios mínimos genera una incapacidad social para responder a abusos patronales. Esto plantea preocupaciones sobre la posibilidad de que los sindicatos de empleadores, que han invertido mucho en señalar los supuestos privilegios de los trabajadores públicos, puedan estar influyendo en la evasión y elusión fiscal. Antes de la pandemia, los sindicatos afirmaban que esto superaba el 13% del PIB, cuando la deuda era solo del 6% del PIB.
Seguridad Ciudadana:
La corrupción ha permeado incluso a las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Los agentes de policía se ven afectados por condiciones insalubres, carecen de uniformes y vehículos en buen estado, y a menudo carecen de capacitación anual o semestral. Esto los deja vulnerables ante el narcotráfico al que se enfrentan.
Falta de Justicia:
La corrupción infiltrada puede llevar incluso al acceso a información privada de funcionarios públicos para favorecer la liberación de investigados por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. La población costarricense está perdiendo la confianza en los funcionarios públicos.
Educación:
El intercambio cultural con Cuba ha tenido un impacto negativo en la educación costarricense, introduciendo literatura sexualizada y generando preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los menores ante depredadores sexuales. Estos cambios podrían ser considerados como apología del delito.
Telecomunicaciones y Propaganda:
El Estado de Derecho está perdiendo sus contrapesos. Se ha eliminado el debate público y se censura y ataca a los tradicionalistas. Esto, junto con la propaganda que promueve actividades ilegales, destaca la complicidad de funcionarios públicos que deberían garantizar el Estado de Derecho.
Saqueo de las Arcas del Estado:
Los contratos amañados son solo uno de los métodos utilizados para saquear los recursos públicos. Se ha aprovechado el miedo generado por la pandemia, y se han desviado grandes sumas de dinero sin una justificación técnica y científica clara. Los recursos que se necesitan ahora para infraestructura vial, educación y tecnología se han visto afectados.
Manos Extranjeras:
Muchos servicios públicos están en manos extranjeras, lo que plantea preguntas sobre la capacidad nacional para gestionar los asuntos del país. Puertos, aeropuertos y mantenimiento de la infraestructura vial deberían estar bajo el control del gobierno.
Conclusión:
Es esencial recordar que el poder reside en el pueblo. Ningún funcionario público debe superar los límites que la ley les impone. Los diputados no deben legislar en su propio beneficio. Debemos cuestionar si los costarricenses han experimentado un golpe de estado suave.
La Constitución Política de Costa Rica representa un pacto entre el pueblo costarricense y la administración pública. La soberanía reside en el pueblo y nadie debe usurparla. Cualquier intento de hacerlo debería ser considerado como traición a la patria.
La participación del pueblo no se limita solo a las elecciones. No se deje engañar: usted tiene el poder de defender el Estado de Derecho