La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó, en su sesión del jueves anterior, una extensión hasta el 31 de diciembre de la Política de Sostenibilidad del Seguro de Salud 2018-2022; así lo señaló la licenciada Gabriela Artavia Monge, gerente financiera de la institución.
La gerente mencionó, además, que se nombró a un equipo experto, que deberá presentar la propuesta correspondiente con corte al 2033. La idea entonces es hacer una extensión por tres meses más a la actual política 2018-2022 mientras se concreta la nueva política que tendrá corte al 2033.
De acuerdo con la funcionaria, la sostenibilidad del Seguro de Salud es un tema de especial relevancia institucional y requiere la exploración continua de acciones tendientes a mejorar las condiciones de salud de la población, aumentar la capacidad de los servicios, mantener la razonabilidad en sus costos, así como la posibilidad de financiarlos en el tiempo; siendo claro que involucra la gestión integral del Seguro desde todas las dependencias técnicas, gerencias y unidades prestadoras de servicios de salud.
La política actual de Sostenibilidad del Seguro de Salud estuvo a cargo de la gerencia financiera, unidad que la presentó en el año 2018, pero con la creación de la gerencia general, se sometió a revisión y se actualizaron los lineamientos de esa política, los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva en el año 2019. A partir de entonces se les solicitó a las diferentes unidades técnicas alinear los planes tácticos al Plan Estratégico y a la Política de Sostenibilidad del Seguro de Salud.
MÁS SALUD, MENOS COSTOS Y MEJORES SERVICIOS
Esta política parte de una triple meta de sostenibilidad, que es “más salud, menos costos y mejores servicios”.
La estructura de la Política de sostenibilidad tiene cuatro enunciados o ejes estratégicos:
1. Fomentar estilos de vida y entornos saludables
2. Gestión con calidad y eficiencia institucional
3. Asignación de recursos e inversiones estratégicas y
4. Fortalecimiento de la financiación para una cobertura universal.
De cada uno de estos enunciados, se desprende una serie de lineamientos que sirven como guía para establecer las metas de los planes tácticos, tales como el fortalecimiento del nivel de atención, la evaluación de tecnologías sanitarias, promoción y prevención de la salud, gestión hospitalaria costo-efectiva y de alto impacto, intervenciones de enfermedades crónicas no transmisibles, reducción de estancias hospitalarias, prestación de servicios con enfoque en las personas y en las redes integradas y revisión y rediseño de perfiles ocupacionales.
También el programa de disminución de costo en el abastecimiento, nuevas formas de financiamiento que permitan aumentar y diversificar los ingresos, asignación de recursos orientada hacia resultados y con elementos prospectivos, mejoras en gestión financiera, administrativa y logística (ERP) y modelo de costos institucional, mejoras en la gestión de inversiones y estrategias para la formalización del empleo. Se agregarán a estos temas la atención prioritaria y de calidad de la persona adulta mayor, así como el control y seguimiento de la infraestructura institucional.
Para la licenciada Artavia esta extensión es importante porque todas las gerencias de la institución deberán considerar la Política de Sostenibilidad del Seguro de Salud 2018-2022 como insumo para la formulación de los planes tácticos gerenciales que definen los indicadores y las metas y que estén asociados a esos lineamientos priorizados u otras herramientas de planificación, según corresponda.
Además de los acuerdos de Junta Directiva, la Política de Sostenibilidad del Seguro de Salud se rige por normativa interna dictada por la Dirección de Planificación Institucional, mediante el Manual Institucional de Formulación y Gestión de Políticas, el cual establece que estas determinan las prioridades de la entidad a largo plazo derivadas del Plan Estratégico Institucional, entre otros referentes, por lo que la nueva política deberá considerar el Plan Estratégico Institucional 2023-2033, aprobado en julio de 2023, como pilar fundamental que orientará las acciones institucionales durante el próximo decenio.