Representantes del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, SEPI, recurrieron a la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia para solicitar a los congresistas que utilicen su poder político para sacar a la institución de la regla fiscal, obtener mayor presupuesto y solucionar una serie de graves inconvenientes adicionales que afectan a la institución.
Acudieron ante los legisladores amparados en el expediente 21.488 (temas varios de control político) los sindicalistas Ovidio Fernández Montenegro, secretario general, Laura Rivera Castrillo, María González Araya, Bryan Martínez Collado y Carlos Cabezas Mora.
Fernández Montenegro denunció lo que considera graves violaciones a los derechos de las personas menores de edad que se encuentran alojadas en los albergues del PANI, así como a los derechos laborales de los funcionarios que los atienden al cumplir largas jornadas de facto de hasta 15 horas de trabajo y luego continuar pendientes del mismo cuando se van a sus casas porque no hay quien los sustituya.
Se refirió a graves problemas de violencia e inseguridad que se están presentando al ubicar en un mismo albergue a menores con perfiles de conflicto con la ley, narcotráfico y drogadicción con otros que incluso enfrentan discapacidades como síndrome de Down o autismo o de primera infancia.
Audio Ovidio Fernández Montenegro, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia
En el tema económico, los visitantes solicitaron a los diputados el apoyo político para sacar al PANI de la regla fiscal dado que los recursos que están recibiendo en la actualidad no son suficientes.
Explicaron que ya se les comunicó que por lo menos en estos primeros cuatro meses del año, no pueden tomar vacaciones, ni enfermarse, ni solicitar permisos sin goce de salario, por cuanto la institución no tiene recursos para la sustitución de personal.
Ya desde el 2018 se realizó un estudio en el que se demuestra la urgencia de la apertura de por lo menos 30 albergues más, pero no hay presupuesto, la oficina en Pérez Zeledón se inunda, en la de Jacó hay hacinamiento y puso como ejemplo que, aunque se indica que cada funcionario debe atender como máximo 45 expedientes, la funcionaria de Cartago atiende 1.000 y la de Pococí 800.
El congresista Jonathan Acuña Soto destacó la disminución del presupuesto por parte de la administración actual pues correspondiéndole al PANI para este 2023, un total de 94.404 millones de colones, provenientes del 5 por ciento del Impuesto sobre la Renta, la administración de Rodrigo Chaves, amparado en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que estableció la regla fiscal, solo transfirió 52.839 millones de colones, o sea que se le disminuyeron más de 41 mil millones de colones.
La diputada Rosaura Méndez Gamboa indicó no se puede dejar por fuera de la atención institucional a niños con perfiles problemáticos, se requiere el establecimiento de albergues especializados y poder atender todas las necesidades de estos grupos de población menor de edad.
OTRAS ACCIONES
Los diputados aprobaron una moción para convocar en audiencia a Gloriana López Fuscaldo, ministra de la Niñez, Juventud y Adolescencia, Eduardo Montero González, gerente técnico y Guiselle Zúñiga, gerente administrativa del Patronato Nacional de la Infancia PANI.
Se aprobó una moción para consultar el expediente 23.480 Reforma al Código de Trabajo para Modificar la Licencia por Paternidad en Caso de Muerte de la Madre para Proteger el Interés Superior de la Niñez, a todas las instituciones autónomas y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.