.La noche del 24 de setiembre del 2018, un empresario estadounidense, identificado como William Sean Creighton Kopko, desapareció de manera misteriosa, cuando viajaba de regreso a su casa.
Esta persona era dueña de una casa de apuestas ubicada en el país.
Ante esa situación, las autoridades recibieron una denuncia de la esposa del ofendido, por lo que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, en colaboración con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), llevó a cabo una serie de diligencias importantes para determinar lo ocurrido.
De esa manera, el Ministerio Público descubrió el plan delictivo de una familia, la cual secuestró a Creighton y pidió dinero a cambio de su libertad. A pesar de haber recibido una suma millonaria en moneda virtual, asesinaron a la víctima y huyeron del país, sin embargo, en mayo del 2022, fueron sentenciados a cárcel por los hechos.
El fiscal José Ángel Peñaranda Chaverri, quien participó en la investigación y representó al Ministerio Público durante el juicio, estuvo este lunes 11 de julio en el programa de radio Frecuencia MP y habló sobre cómo fue posible acreditar la responsabilidad de las personas acusadas.
El funcionario explicó que, a parte del abordaje realizado a los familiares del ofendido, el OIJ realizó un rastreo telefónico, lo que permitió determinar quién era el líder de la organización criminal, así como identificar a las otras personas que participaron en el acto delictivo.
De acuerdo con Peñaranda Chaverri, las primeras diligencias permitieron estalecer que se trataba de un grupo familiar, pues vinculaba a una persona con su mamá, abuela, tío y novia. Según acreditó la Fiscalía, este grupo contó con la colaboración de oficiales de tránsito, que facilitaron el secuestro de la víctima.
«Pudimos determinar que había un plan trazado con gran anterioridad y gran planificación.
Los roles eran muy específicos, algunos se encargaron del manejo de la información de las criptomonedas, otra del sitio del cautiverio y otros ejecutraron actos materiales como vigilancias, seguimientos y contactos», señaló el fiscal.
Durante el programa de radio, el fiscal Peñaranda mencionó que el estudio que había realizado el grupo criminal hacia el ofendido y su familia, les había permitido identificar cuál era la persona que, dentro de la empresa de Creighton, manejaba el tema de las billeteras electrónicas, ya que es a quien recurrieron en primera instancia.
Salida del país y detención. De acuerdo con la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, una vez que los imputados lograron obtener el beneficio económico y, tras el asesinato de la víctima, huyeron primeramente de Panamá a Cuba y luego viajaron a España, donde, según la Guardia Civil Española, buscaron lugares de alta plusvalía para vivir, como lo son los sectores de Alicante y Zaragoza.
El fiscal especializado explicó que, según datos obtenidos en la investigación, los sujetos planeaban viajar a un tercer país que no tuviera convenio de extradición con Costa Rica.
Según Peñaranda, desde las primeras horas posteriores a la denuncia del secuestro, cuando se realizaron los rastreos por parte de la policía judicial, lograron tener conocimiento e identificar a algunos de los participantes, lo que también resultó en la generación de alertas migratorias internacionales, que permitieron seguir el rastro de los imputados en Panamá, Cuba y España.
Tras varias coordinaciones entre las autoridades de España y Costa Rica, de manera simultánea, se ejecutaron diligencias de allanamiento, las cuales permitieron detener tanto a los imputados que se encontraban en ese país europeo como los que se mantenían en territorio nacional.