Discurso 2022
Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, Diputado Rodrigo Arias Sánchez
Señoras y Señores Diputados del Directorio Legislativo
Señoras y señores diputados que nos acompañan en este recinto parlamentario.
Habitantes que nos escuchan.
Tengan todas y todos muy buenas tardes.
Hace 4 años, el 26 de junio del 2019 presenté el primer informe anual de mi gestión, y ese día les relaté a los y las diputadas la historia de Rosita, una niña indígena ngöbe de 8 años que vive en Sixaola. Cuatro años después, ella y su familia siguen viviendo en las condiciones precarias, y en la misma pobreza extrema que les describí en aquella ocasión.
Rosita y su familia no solo enfrentan un nivel de exclusión económica, sino que, además, resisten otras formas de exclusión: por ser indígenas, por vivir en una región económicamente deprimida, por no tener acceso -de forma eficiente- a servicios básicos, por no tener fuentes de trabajo, ni acceso pleno a la educación, ni a la conectividad. Rosita hoy tiene13 años, ya no es una niña, sino una adolescente. Más allá de lo que les he narrado de la vida de Rosita, quiero trasmitirles su vivencia diaria.
Cuando se vive en pobreza extrema, hasta las necesidades básicas son difíciles de obtener, por ejemplo, una de sus hermanas mayores al estar con la menstruación y no tener dinero para comprar toallas sanitarias, tiene que utilizar trapos, pero esta es la realidad de miles de mujeres y personas de nuestro país.
Pero sí quiero también, rescatar que, en medio de tanta dificultad, hay también noticias positivas, el lunes pude hablar con su hermana mayor y me contó con gran felicidad que su mamá Eulalia, fue la primera persona indígena transfronteriza a quien se le otorgó la nacionalidad costarricense.
Rosita y su familia, representan a miles de habitantes de nuestro país, que al igual que ellos, afrontan los embates de un Estado, que siendo su deber proporcionarles oportunidades y procurar su bienestar, sigue quedando corto en lograrlo. En este último año, la Defensoría, recibió más de 34,000 denuncias, que evidencian las necesidades de habitantes que sienten que el Estado les ha fallado en el respeto y el cumplimiento efectivo de sus derechos.
Señoras y señores Diputados, esta tarde me presento ante ustedes como DEFENSORA DE LOS HABITANTES, y en cumplimiento de mi deber legal les expongo, mi cuarto y último informe de labores de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, y lo hago pensando en Rosita y en otros miles de personas, quienes pese a vivir en un país democráticamente robusto, no tienen oportunidades.
El arduo trabajo del periodo 2021-2022 ha sido posible por el esfuerzo, con el que el personal de la Defensoría contribuye a diario, en la defensa y promoción de los derechos de las personas habitantes de este país.
Para el informe de este año, además del enfoque en Derechos Humanos, se hace una traducción de: la labor sustantiva, el quehacer institucional y la situación-país de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e incorporamos un análisis de los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, este trabajo a efectos de contribuir con el diseño de políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para TODAS las personas. Los invito a ver más detalladamente el informe que les enviamos a principios de junio.
Para el año 2021, se recibieron 34,161 denuncias; de las cuales un 50% provienen principalmente de dos provincias, un 31% de San José y un 19% de Alajuela. Adicionalmente, las tres instituciones más denunciadas por los habitantes fueron:
- El Instituto Mixto de Ayuda Social
- La Caja Costarricense de Seguro Social
- El Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro
En cuanto al tipo de denuncias que se reciben en la Defensoría, 1 de cada 3 es sobre el Derecho a la Eficiencia en la Prestación de los Servicios Públicos. Este tema no es nuevo, lo hemos indicado por años; y pese a ello, la gestión administrativa del sector público sigue, incumpliendo los principios de Buen Gobierno, y sigue sin ser capaz de cumplir con los estándares deseables y adecuados de los derechos humanos que exige un Estado de Derecho democrático.
Hoy quiero aprovechar estos datos para:
Primero, agradecer a los cientos de miles de servidores públicos, que día a día hacen su trabajo con mística y compromiso, y a ustedes les digo Gracias porque ese compromiso sí hace una diferencia.
Y segundo, quiero también, llamarle la atención a los servidores públicos que han tergiversado el trabajo y el significado de ser un servidor público. Y a ustedes hoy con gran seriedad les digo que el no dar un servicio de alta calidad a los y las habitantes, que son quienes pagan nuestros salarios, es en sí mismo un abuso a los derechos humanos.
La Defensoría ha trabajado en conjunto con múltiples grupos, y en muchos casos ha mediado y facilitado mesas de negociación y ha adoptado un rol preventivo y mediador
Por ejemplo, para el bloqueo de los oreros en el año 2020 en la carretera Interamericana, debido a la nula atención que el gobierno estaba dando a la problemática del oro en Abangares, la Defensoría inmediatamente, se desplazó al área, y logró, que el gobierno se sentara a negociar con los oreros, esto además resultó en el levantamiento del bloqueo y en un seguimiento de meses hasta culminar en un proyecto de ley en esta Asamblea.
Este ejemplo es solo uno de muchos, ejemplos de las labores de prevención, mediación y gestión de los conflictos que la Defensoría hace en complimiento de sus labores.
Señores y señoras diputadas en diciembre del 2018, me comprometí con esta Asamblea y con los más de 5 millones de habitantes para defender sus derechos, además me comprometí a hacer todo lo posible por mejorar la gestión institucional para que esta importante institución pudiera dar un mejor servicio a los y las habitantes, y para que el enfoque de derechos humanos prive en la prestación de los servicios públicos.
Puedo decir que durante mi mandato se ha dado prioridad a la gestión sustantiva institucional, incluyendo la mejora en atención, protección, promoción y defensa de los derechos e intereses de las y los habitantes, a fin de construir una institución eficiente, pertinente y moderna.
De esta forma se ha emprendido una ruta de mejora continua, en los procesos de trabajo. Hoy me referiré a los logros más relevantes:
Primero, una importante herramienta de trabajo que se incorporó en la Defensoría es la nueva tipología de derechos. Esta tipología permite, por primera vez en nuestra historia institucional, así como por primera vez en la historia de organización alguna que compone la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, interrelacionar las quejas y denuncias de los habitantes con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Esta nueva herramienta tipológica permitirá a nuestro país, a través de la Defensoría de los Habitantes, llevar un control y monitoreo tanto de los avances en el cumplimiento de los ODS, como de sus principales afectaciones y obstáculos.
- Conjuntamente con esta tipología, hemos adoptado un nuevo Macroproceso que tenía más de 10 años en espera de ser aprobado e implementado. El Macroproceso, que es en esencia el manual de procedimientos para la tramitación de las denuncias y quejas, que presentan los habitantes ante la Defensoría.
- El trámite de las investigaciones desarrolladas en la Defensoría, en muy pocas ocasiones alcanzaban a resolverse en el plazo de los 2 meses de ley. Por lo tanto, agradezco el esfuerzo y el empeño de las y los funcionarios de la institución por haber logrado que al día de hoy más del 80%, de los asuntos tramitados en la Defensoría se resuelven en los 2 meses que exige la ley, lo cual supone, un cambio positivo para las personas que acuden ante nuestra institución.
- Otro de los logros es la adopción de un nuevo sistema de notificaciones, que pasó de ser ejercida a través del papel y del apersonamiento físico, a un sistema digitalizado que ha permitido acortar los tiempos de procedimientos, así como logar una trazabilidad segura en la tramitación de tales documentos.
- En esta misma línea de la digitalización de nuestros procesos y procedimientos de trabajo, se adoptó un modelo de citación virtual de funcionarios públicos, que agiliza la marcha de los procedimientos y evita el traslado físico de funcionarios para la prestación de declaraciones que deben rendir ante la Defensoría al tenor de nuestra Ley Constitutiva.
- La Defensoría no sólo está regida por su ley constitutiva y su reglamento, sino también por los acuerdos que cada Defensor ha ido adoptando por 28 años, y que constituyen normas, directrices y ordenanzas sobre las cuales se regula el accionar institucional. Hoy debo acreditar ante este Plenario Legislativo, que cuando asumí, dichos acuerdos no estaban digitalizados, ni agrupados en una sola base de datos, más bien se encontraban esparcidos en distintas dependencias institucionales, lo cual generaba problemas de incerteza jurídica y de eventuales yerros de procedimiento al momento de acometer acciones de trabajo sin contemplar la existencia previa de tales acuerdos. Durante los últimos 3 años nos hemos empleado a fondo recopilando y reconstituyendo toda esa memoria de la normativa institucional mediante su revisión, clasificación y almacenamiento en una sola base de datos.
- De igual manera, los criterios de los proyectos de ley que históricamente ha emitido la Defensoría se encontraban desagregados. Por ello, corregimos esta situación conformando un registro electrónico unificado que ha permitido almacenar de manera sistemática y publica dichos criterios.
- No omito indicar también, que, por primera vez en la historia de la Defensoría, se ha establecido un Digesto institucional, que contiene los principales informes de violación a derechos de los y las habitantes de nuestro país.
- En el tema de transparencia, transformamos el sistema único de oficios, que antes operaba sólo en relación con los oficios firmados por la persona jerarca, se ha logrado hacerlo extensivo a la totalidad de la documentación que se genera en la Defensoría.
- Comunico en este acto, que muy pronto la Defensoría contará con una nueva página web cuyo principal cambio, será su accesibilidad para poblaciones vulnerables, como las personas con discapacidad y en idiomas de nuestros pueblos indígenas.
- Por ello, también transformamos, nuestro call center que disponía de solo 2 líneas telefónicas a 16 líneas telefónicas, además habilitamos 2 líneas adicionales de WhatsApp para la interposición de quejas y traslado digital de documentos. De ahí que nuestras denuncias pasaron de 24,000 en el 2018 a casi 35,000 en el 2020 y 2021.
- En materia de control interno, en el 2019 se hizo la primera auditoria externa institucional, y este 2022 tendremos la segunda. Adicionalmente, siguiendo los lineamientos de la Contraloría General de la República, adoptamos por primera vez en la historia institucional, una política de rotación del personal y de los directores. Ello implicó circular a la totalidad del personal directivo, cuyo objetivo fue evitar que se continuara fiscalizando las entidades públicas por el mismo funcionariado a través de décadas, lo cual implicaba un riesgo latente en el ejercicio del control. Desde el 01 de marzo, en aras de mejorar nuestra eficiencia y eficacia en las labores de control de legalidad y fiscalización, del sector público, adoptamos esta medida al completo de nuestro cuadro director. Por acuerdo ésta debe de seguir operando, cada tres años en función de la neutralidad e imparcialidad que debe caracterizar a nuestra institución de control.
- La Contraloría también ha sido clave en detectar problemas de orden administrativo que se venían presentando desde hace décadas en la Defensoría, y hoy públicamente agradezco al ente contralor haber detectado esos problemas internos que me han permitido asumir acciones correctivas, de cara a las y los funcionarios responsables de dichos errores administrativos.
- La democratización de la estructura de gobernanza interna, ha sido un pilar de mi gestión y que debo de acreditar en estos casi 4 años al frente de la institución, por ejemplo, se transformó el consejo de directores, que su función es asesorar a la jerarca de la institución, y que estaba integrado única y exclusivamente por las personas directoras, reconvirtiéndolo en términos democráticos y funcionales mediante la variación en su composición, se transformó en: el consejo de las personas habitantes y de las personas funcionarias de la Defensoría, a efectos de poder escuchar diferentes voces y ampliar y democratizar su integración.
La cercanía con las personas y sus problemas se ha mantenido como una línea de trabajo constante en el quehacer de la Defensoría y me ha correspondido el honor de haber sido la jerarca institucional que más giras de trabajo, a las distintas partes del territorio nacional, ha efectuado durante los 28 años de existencia de la institución. Tanto las visitas a las islas del Golfo de Nicoya, como a los puestos de fronteras en la zona de Tablillas, Paso Canoas, La Cruz, como donde los pescadores de Puntarenas y Guanacaste, territorios indígenas, así como comunidades de la provincia Atlántica, y muchísimas otras me han permitido, a través de mi trabajo involucrarme en las distintas realidades fuera del Valle Central. A todos ustedes habitantes, Thalía de Sixaola, Martín de la Cruz, Allan de Isla Venado, Norlin de Isla Caballo, Chu de playas del Coco, la Dra Williams de Osa, Jacobo de San José, Rocío de Limón, Eilyn de Abangares y muchísimos más. Gracias por confiar en la Defensoría.
La transparencia y el deber de informar, se ha materializado a través de una política de comunicación, en la que hemos venido informando a la población, a través de boletines de prensa e informaciones desde nuestras redes sociales. Hemos emitido un total de 673 boletines para así mantener informados a la población.
Hoy puedo, decir que he gestionado los recursos públicos y su salva guarda ha sido uno de los ejes centrales de mi gestión, como defensora y a partir de este punto de mi informe, señalaré las principales acciones, a través de las cuales hemos resguardado de la mejor manera, el uso de los fondos públicos que nos han sido asignados por las personas habitantes a través del pago de sus impuestos:
En materia presupuestal, en el año 2018 nos fueron asignados seis mil trecientos sesenta millones de colones, mientras que en año 2022, el presupuesto decreció a 5,900 millones de colones, lo cual significa que en 4 años nuestro presupuesto se redujo en 460 millones de colones. Pero, esta disminución presupuestaria, no redujo nuestra capacidad de trabajo. Al contrario, con menos presupuesto, hicimos más y mayores cosas en nuestra gestión.
Con una reducción del presupuesto de 460 millones de colones entre el año 2018 y el año 2022, también incrementamos en ese mismo lapso de tiempo la atención de quejas y denuncias de los habitantes, pasando de 24 mil a casi 35 mil.
En un proceso de desarrollo de defensorías itinerantes pero que fueran sin costos extra para el Estado, hoy me complace anunciarles que, gracias a un convenio con el Colegio de Abogados, la Defensoría se ha ahorrado más de 16 millones de colones en nuestra oficina en ciudad Neily, pero no nos quedamos ahí, hoy también tenemos un espacio itinerante en San Vito, y espero que pronto, antes de terminar mi gestión, también podamos tener oficinas itinerantes, sin costo para el erario público en Golfito, Nicoya, Cartago y Guápiles, y así darle un servicio a la población de estos lugares.
- También hemos tenido ahorros significativos en electricidad, gracias a la instalación de paneles solares.
En mi condición de jerarca institucional he respetado de manera absoluta y completa el mandato de ley, y, por lo tanto, me ha correspondido el honor de haber actualizado el marco normativo, agilizado los procesos y procedimientos, modernizado la gestión de defensa tecnológica y de normativa.
Esta labor, ha implicado enfrentar obstáculos y adversidades de la más diversa naturaleza. En medio de este proceso he conocido, lo mejor y lo peor de las personas, y vivir acontecimientos que nunca imaginé develar ante instancias judiciales, como he terminado haciendo por la gravedad de algunos de estos.
Nuestro retiro del Proyecto HIVOS, por razones estrictamente jurídicas y de orden presupuestario, que en absolutamente nada significó un abandono a los derechos y libertades de las personas con VIH y las personas LGTBI, en materia de salud pública, fue un tema que la Defensoría presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la anterior legislatura y que hemos denunciado al Ministerio Público. En aquel momento se solicitó a las y los diputados investigar el uso, bajo esquemas privados, de más de 11 millones de dólares que fueron entregados al país por parte del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH-Sida, la Malaria y la Tuberculosis.
Por otro lado, otro de los obstáculos, implicó denunciar el caso UPAD. Reitero que cuando asumí el reto de defender y proteger los derechos de los habitantes, también implicaba defender la invasión irregular de sus datos confidenciales desde el más alto nivel del poder de la República.
Nunca imaginé que presentar la denuncia ante el Ministerio Público en contra del presidente de la República don Carlos Alvarado Quesada, implicara una campaña de desinformación y difamación en mi contra
Nunca imaginé que defender la Institucionalidad Pública y los derechos y libertades de las personas ante las acciones y omisiones que desde el poder político se gestaron en contra de la población, significara un quebranto a lo interno de la Defensoría de los Habitantes y que funcionarios, quebrantando sus deberes legales, pidieran mi renuncia.
Nunca imaginé, que pedir cumplir la ley en una institución que ejerce control de legalidad implicara evidenciar el poder de los mandos medios en el control de las instituciones.
Aun con esa dificultad, hemos mantenido un alto estándar de trabajo de cara al habitante, y no hemos olvidado los compromisos esenciales de nuestro trabajo y compromiso en todos los ámbitos del quehacer institucional. El haber pasado de atender 24 mil denuncias a más de 34 mil, lo demuestra. Sin haberse nombrado 42 plazas que suponen un ahorro para el estado y sus finanzas superior a 500 millones de colones anuales, con el personal actual de la Defensoría de los Habitantes, no solo se incrementó la atención, sino que también se mejoró los tiempos en resolución de los asuntos planteados ante la institución, ya que se logró la meta de que más del 80% de los casos se resuelvan en el plazo de los 2 meses que estipula la ley.
Por segunda vez desde el 2018, se ha comunicado al Ministerio de Hacienda el congelamiento durante el presente año 2022 de 20 plazas que se tienen por nombrar, esto en aras de contribuir con el mejoramiento en las finanzas públicas y la carga contributiva, que, mediante el pago de impuestos, sufragan nuestros habitantes.
Se exceptuará de esta medida de congelamiento de plazas las que corresponden al mecanismo de supervisión de los derechos de personas con discapacidad, creada al tenor de la convención internacional que rige esta importante materia. Así mismo, por un tema de control interno las plazas que por recomendación de la Contraloría General de la Republica resultan necesarias para el fortalecimiento de la gestión de nuestra auditoria y otras que son esenciales en materia de control interno, para un ahorro anual de más de 420 millones de colones.
Mediante este acto de auto-contención presupuestal, rendimos ejemplo ante el sector público costarricense y reivindicamos el principio de: Hacer más y mejores cosas en favor de las personas usuarias del servicio público que brindamos, con menos presupuesto pagado por las personas contribuyentes a través de sus impuestos.
Debo reconocer ante este plenario legislativo que la estructura de mando y gobernanza de la Defensoría, tiene el enorme problema de encontrarse híper jerar-quizada. Es decir, existen más directores y jefes por funcionario, con salarios sumamente altos, que en ninguna otra institución pública del estado costarricense.
En términos comparativos podemos analizar que la Asamblea Legislativa dispone de 16 jefaturas, para más de 900 funcionarios. La Contraloría General de la Republica cuenta con 4 cargos gerenciales, para más de 700 funcionarios, mientras que la Defensoría de los Habitantes contaba al inicio de mi gestión con 16 puestos gerenciales, en medio de 150 funcionarios activos.
A lo largo de mi gestión como defensora de los habitantes tome las decisiones internas, de eliminar dos cargos directivos. Sin embargo, al día de hoy aún persisten 14 puestos directivos con salarios que superan los 3 millones de colones. Es decir, el Defensor de los Habitantes cuenta con más puestos gerenciales que el propio Presidente de la República.
Hoy presento mi último informe y reitero mi compromiso de defender la Institucionalidad Pública y los derechos y libertades de las personas ante las acciones y omisiones que el poder político estatal puede afectarles y lesionarles. En este contexto se impone la racionalidad en favor de la institución y la austeridad en favor de nuestros habitantes.
Por lo tanto, el día de hoy he presentado ante la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para reformar la estructura organizacional de la defensoría y asemejarla al otro ente contralor del Estado: la Contraloría General de la República, en aras de mejorar la defensa y protección de nuestros habitantes mediante una estructura horizontal que favorezca la interrelación entre las y los funcionarios, y las y los habitantes.
Afrontamos el problema de hiper- jerar-quización de nuestra estructura gerencial, este proyecto permite la adopción de un modelo simplificado que reduce, a solo 3 los cargos directivos y los reconvierte en puestos de confianza a efecto de incrementar los rangos de gobernabilidad, pero sobre todo respetar la voluntad FUNDACIONAL de la Defensoría.
Señoras y señores diputados, finalizo ante ustedes recordando el juramento constitucional que suscribí hace casi cuatro años
¿Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
–Sí, juro.
Hoy en mi último discurso ante este plenario legislativo, acredito ante ustedes que me voy con la conciencia tranquila del deber cumplido y juro ante ustedes seguir trabajando por mi amada Costa Rica, defendiendo los intereses y los derechos de los habitantes.
Muchas Gracias
- Información extra: POBREZA
Como sabemos, la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos, sino que tiene diversas manifestaciones incluyendo: el hambre, la desnutrición, la falta de acceso a una vivienda digna, a la salud, a la educación y hoy en día hasta la falta de acceso a la conectividad. Más allá de estos puntos, la pobreza adicionalmente genera exclusión social y discriminación, porque las personas en pobreza- generalmente- no participan en la toma de decisiones que les afecta.
En el caso costarricense, la realidad de las últimas décadas refleja que no hemos logrado un movimiento efectivo para la reducción de los índices de pobreza; y esa ha sido una gran preocupación para la Defensoría de los Habitantes.
La pobreza en nuestro país es abordada con limitada atención a las diferencias geográficas y culturales, y con escasa visión de largo plazo: se atiende la pobreza; se ayuda a sobrevivir en esas condiciones e incluso se estimula la dependencia de las ayudas, pero, difícilmente, las personas superan su situación de pobreza. De seguir por ese camino, difícilmente el país cumplirá el ODS N° 1.
A pesar de la enorme inversión de recursos en políticas y programas para el combate de la pobreza, esta sigue estancada en un 23% y con una pobreza extrema de un 6,3%. Pero más allá de estos números a nivel nacional, hay regiones en nuestro país, como la región Brunca que el 33% de los hogares está en pobreza, o la región Huetar Norte, donde casi el 13% de los hogares se encuentran en pobreza extrema. Lo que es claro es que la pobreza se vive diferente depende de donde se es, y que tenemos un país con desigualdades regionales muy serias.
¿Entonces, qué podemos hacer?
- Primero, se debe dar un cambio de paradigma en la atención de la pobreza, de modo que se pase del asistencialismo, a crear condiciones para que las personas en situación de pobreza puedan insertarse en la vida económica con el acompañamiento del Estado.
- Otro punto a considerar, es que los estudios internacionales nos dicen que el empoderamiento económico de las mujeres tiene un efecto multiplicador en el bienestar local y nacional de un país y que contribuye no solo a la reducción de la pobreza y las desigualdades, sino que también mejora la desnutrición, la salud, y la asistencia escolar de los niños y niñas, y adicionalmente, reduce la probabilidad de la violencia doméstica. Pero quiero darles números, los datos nos dicen que, si los hombres y las mujeres participaran equitativamente en la economía mundial, los resultados sumarian alrededor de $28 trillones, o un 26% al PIB global para el 2025. Por un tema de derechos humanos y un tema de igualdad y bienestar tanto social como fiscal, tenemos que buscar formas de incluir a las mujeres en el empoderamiento económico de Costa Rica. Se deben generar condiciones para la inserción efectiva de las mujeres con énfasis en mujeres jefas de hogar, con ampliación de la cobertura y financiamiento de la red de cuido y muy importante, se deben fortalecer las opciones de crédito para el emprendedurismo: incluyendo Fideimas y Banca para el Desarrollo.
- Un ejemplo importante de estas herramientas que el Estado costarricense ya cuenta, es el sistema Banca para Desarrollo. La Defensoría, en una investigación del 2019 sobre el Sistema Banca para Desarrollo concluyó que este programa tenía debilidades importantes como, por ejemplo: que los operadores no estaban alineados con el espíritu de inclusión financiera del sistema banca para desarrollo. También se encontró que el análisis costo/beneficio por parte de los operadores no era favorable a la inclusión financiera, y las percepciones de la población en torno al programa muestran que, en el momento de solicitar fondos, encuentran muchas barreras de parte de los operadores y, algunas personas consideran que el Sistema Banca para desarrollo está diseñado para atender a empresas que cuentan con capital y garantías que podrían acceder a otro tipo de fondos.