La Defensoría de los Habitantes intervino ante las autoridades del Consejo de Transporte Público debido a un reclamo de habitantes de la comunidad de Quiriman de Nicoya, Guanacaste, que
están sin servicio de transporte de bus autorizado debido a la suspensión del mismo desde enero de 2020 y hasta la fecha.
Los habitantes indican que al concesionario de la ruta 518 las autoridades del Tránsito, en su oportunidad, le retiraron las placas debido a incumplimientos establecidos para la circulación del vehículo,
lo que dejó a la comunidad sin el servicio de transporte el cual es fundamental para poder realizar una serie de trámites, realizar la compra de víveres o viajar por trabajo al centro de Nicoya, entre otras cosas.
Ante esta situación, los pobladores indican que las personas adultas también se han visto muy afectadas porque necesitan no solo acudir a los centros de salud ubicados en el cantón sino también retirar sus
pensiones y llevar a cabo las gestiones pertinentes de la vida cotidiana, lo cual se han visto muy afectados en los últimos meses.
“Con dicha suspensión del servicio algunos de nosotros y nuestras familias hemos tenido que acudir a vecinos de la misma comunidad que poseen algún medio de transporte – la mayoría motocicletas – y solicitarles el favor de realizarnos las compras de alimentos, medicinas y otros, o acercarnos lo más posible a Nicoya para poder acudir a nuestros trabajos”, dijo a la Defensoría una de las personas denunciantes.
En ese sentido solicitan al Consejo de Transporte Público, a la brevedad posible, solucionar el problema del servicio y así con ello garantizar la satisfacción de las necesidades de dicha comunidad mediante un ágil y eficiente servicio de transporte.
Para la Defensoría es importante conocer las medidas y actividades programadas, con fecha de ejecución y responsables para el restablecimiento del servicio de transporte público remunerado de
personas, modalidad colectiva, para la ruta 518.
La Defensoría expresa profunda preocupación ante la inercia del CTP, por cuanto esta situación deviene en una grave afectación e incluso riesgo debido a que la suspensión del servicio ha originado que las
personas deban trasladarse por medio de transporte informal, sin que exista una adecuada fiscalización estatal sobre esos medios de transporte e incluso un riesgo a su integridad por la utilización de estos
medios de transporte ( pólizas de seguro, revisión técnica, cumplimiento
de la Ley 7.600, etc ).
Además la Defensoría realiza seguimiento de la devolución de más de 11 rutas por parte de los operadores del servicio, lo que dejan a las comunidades sin un medio autorizado de servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, con la afectación que conlleva.