● Seguridad económica, buen trato y vida sin violencia, atención en salud, desarrollo humano y fortalecimiento de la institucionalidad, son los fundamentos de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez” y su plan de acción 2022-2032.
● La formulación de esta política es el resultado de un proceso liderado por Conapam con el apoyo de la Segunda Vicepresidencia de la República, organismos internacionales y organizaciones sociales.
● “Como país, hemos realizado importantes esfuerzos para garantizar a las personas adultas mayores el cumplimiento de sus derechos humanos y que se conviertan en el eje central de toda acción del Estado”, dijo el vicepresidente Marvin Rodríguez.
Seguridad económica, buen trato y vida sin violencia, atención en salud, desarrollo humano y fortalecimiento de la institucionalidad, para la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores en Costa Rica, son los cinco ejes de la “Política nacional de envejecimiento y vejez (2022-2032)”, cuyos avances se presentaron este jueves 28 en Casa Presidencial.
La formulación de esta política nacional es el resultado de un proceso de año y medio. Tiene el fin de garantizar y promover los derechos humanos de las personas adultas mayores: alrededor de 663 000 personas. Se espera que en una década sean más de un millón de personas: esto es un importante reto para toda la institucionalidad del país.
En esta tarea, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) recibió el apoyo de distintos sectores de la sociedad civil -principalmente, aquellas relacionadas con las personas adultas mayores-, de instituciones públicas y de organismos internacionales.
La presentación de los avances contó con la participación del segundo vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez; el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez; el
representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), Cristian Vargas, y el presidente de la junta rectora del Conapam, Dennis Angulo.
Durante el acto, el vicepresidente Rodríguez agradeció la colaboración de la Unfpa y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde su División de Protección Social y Salud.
También reconoció el apoyo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), que financió la Primera encuesta nacional de percepción de las personas adultas mayores (Enapam 2021): fue un insumo valioso para la elaboración del diagnóstico del estado de situación de las personas adultas mayores y base de esta política y su plan de acción.
Ruta de avances
Dennis Angulo, jerarca del Conapam, indicó: “Hemos avanzado de manera sustancial en el reconocimiento de los derechos y libertades de las personas adultas mayores, pero aún falta mucho. Toma relevancia la formulación de políticas públicas específicas para esta población, que surjan de la participación de las personas mayores y, también, con el aparato institucional público y las organizaciones que les atienden.
Esa es la ruta a seguir”.
Por su parte, el ministro Bermúdez, expresó: “El envejecimiento de nuestra población sintetiza los éxitos de nuestro modelo de desarrollo, pero a la vez acelera los desafíos de sostenibilidad y equidad de los sistemas de seguridad y protección social.
Por ello, los avances de la nueva política nacional tiene dos grandes méritos: uno, cimenta una ruta de derechos humanos y dignidad para el accionar de instituciones públicas y organizaciones privadas en los próximos años; otro, da un marco sólido de articulación con otros instrumentos estratégicos del país como la Política Nacional de Cuidado y el Plan de Superación de la Pobreza e Inclusión Social 2022-2030”.
Principales componentes de la política
La población adulta mayor del país aumenta cada día; de ahí, la urgencia de contar con políticas públicas que brinden respuestas y acciones concretas relevantes para su calidad de vida.
En ese sentido, la política sobre envejecimiento y vejez se fundamenta en cinco grandes ejes de acción:
● Seguridad económica en la vejez: Busca orientar las acciones que garanticen a las personas adultas mayores el acceso a los recursos económicos necesarios, suficientes y sostenidos, que les permitan satisfacer sus necesidades básicas para una vida digna y con calidad. Además, se protege el derecho de las personas adultas mayores al trabajo remunerado y al desarrollo de actividades productivas.
● Buen trato en la vejez y vida libre de violencia: Se orienta a proteger el derecho de las personas adultas mayores a una vida libre de violencia en todas sus manifestaciones, respondiendo a problemáticas de abuso, maltrato y abandono identificadas en el estado de situación.
● Atención integral en salud y cuidados: Se busca optimizar las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de las personas adultas mayores y permitirles seguir contribuyendo activamente a la sociedad.
● Desarrollo humano en la vejez: Busca la creación de entornos en los que las personas adultas mayores puedan desarrollar su máximo potencial, continuar disfrutando de una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses y en los que se respete el conjunto de sus derechos. Para esto es fundamental el acceso a oportunidades de educación, al disfrute de productos culturales y artísticos, así como a actividades deportivas, recreativas que les permitan realizar plenamente sus capacidades y contribuyan a su calidad de vida y al fortalecimiento de su autonomía personal.
● Institucionalidad para la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores: Este eje apunta a fortalecer y consolidar la institucionalidad como herramienta para el avance en la aplicación efectiva de los derechos humanos de las personas adultas mayores, así como a armonizar las políticas y estrategias institucionales, mejorar la coordinación y articulación entre instituciones, reforzar sus capacidades humanas, técnicas y materiales y garantizar una participación activa y efectiva de las personas adultas mayores en los procesos de toma de decisiones públicas que les afecten.
Por su parte, Cristian Vargas, representante de la UNFPA, apuntó: “Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas celebramos estos avances. Con el apoyo del UNFPA se consultaron a más de 400 personas en talleres, a más de 110 a través de cuestionarios en línea y se realizaron más de 30 entrevistas. Con el intercambio de experiencias con otros países se evidenció la necesidad de atender las interseccionalidades de las personas mayores en las políticas nacionales. Reiteramos nuestro compromiso de seguir a trabajando por no dejar atrás a esta población y continuar el proceso, en concordancia con los requerimientos nacionales”.
Finalmente, el vicepresidente Rodríguez expresó: “Como país, hemos realizado importantes esfuerzos para garantizar a las personas adultas mayores el cumplimiento de sus derechos humanos y que se conviertan en el eje central de toda acción del Estado, en procura de que las personas encuentren una respuesta oportuna e inmediata a sus necesidades y requerimientos, ante el acelerado envejecimiento que enfrenta nuestro país, es imperioso seguir avanzando. La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y su plan de Acción 2022-2032, es la hoja de ruta para las gestiones gubernamentales por los próximos 10 años”.